ALEGATOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL TRAMITADO EN LA VÍA SUMARIA. LA OMISIÓN DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR DE DAR OPORTUNIDAD A LAS PARTES DE FORMULARLOS ANTES DE PRONUNCIAR LA SENTENCIA, CUANDO ESTIME ACTUALIZADA UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA INVOCADA POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN.

La celeridad y simplificación características del procedimiento sumario en el juicio de nulidad, no eximen al Magistrado instructor de respetar las formalidades esenciales del procedimiento, emanadas del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo es el derecho a formular alegatos. En consecuencia, si bien el artículo 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé, que al advertirse una causal de improcedencia, deben ponerse los autos a estudio para el dictado de la sentencia, sin necesidad de cerrar la instrucción, esto no puede entenderse en el sentido de permitir al Magistrado instructor obviar la oportunidad que debe dar a las partes de formular sus alegatos o rendir los medios de convicción para controvertir la actualización de la causal de improcedencia invocada por la autoridad demandada dentro del procedimiento tramitado en la vía sumaria, incluso, el numeral 58-1, en relación con los diversos 58-11, 58-12 y 58-15 de la ley mencionada, disponen una auténtica obligación a cargo del Magistrado instructor de otorgar a las partes un plazo de tres días para que puedan formular por escrito los alegatos de su intención, sin que se advierta del artículo 49 citado algún supuesto de excepción a dicha regla. Sostener lo contrario, esto es, considerar que tratándose de resoluciones de sobreseimiento el actor no puede formular alegatos, a fin de desvirtuar el motivo de improcedencia que el instructor estime actualizado, implicaría hacer nugatorio su derecho a una defensa adecuada y vulneraría el de audiencia previa, al tratarse de una determinación que, de materializarse, necesariamente trascenderá en su perjuicio y, por ello, debe permitírsele alegar lo que a su derecho corresponda, antes de emitir la decisión atinente, ya que, no hacerlo, constituye una violación a las formalidades esenciales del procedimiento que amerita su reposición.

DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.