SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL O LOCAL PARA INVESTIGAR Y PERSEGUIR ANTE LOS TRIBUNALES SOBRE UN DELITO, ACONTECIDO DURANTE EL JUICIO CIVIL DE ORIGEN, NO CONSTITUYE UNA CAUSA PARA QUE AQUÉLLA PROCEDA.

En términos del artículo 366 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que proceda la suspensión de los procedimientos seguidos ante los tribunales, es necesario que se actualice el supuesto en que no pueda pronunciarse decisión alguna en torno a un asunto en trámite, hasta en tanto que no se pronuncie una resolución en otro negocio, pues de esta última depende la resolución de aquél. En esa condición, el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales que tiene el Ministerio Público Federal o local para investigar y perseguir los delitos ante los tribunales no constituye una causa para que proceda la suspensión en el amparo directo, pues la determinación sobre la constitucionalidad de la resolución reclamada no depende del resultado de la investigación que el Ministerio Público realice sobre un hecho que la ley señale como delito, acontecido durante el juicio civil de origen. Además, lo que se resuelva en el asunto penal en trámite podrá determinar la responsabilidad penal de alguna de las partes del juicio civil, pero como ya existe sentencia o resolución que puso fin a éste, no podrá tener influencia en lo ya resuelto, porque la sentencia no habrá podido tomar en cuenta lo actuado en la carpeta de investigación, la cual no es admisible como prueba en el amparo si no se rindió ante la autoridad responsable, acorde con el artículo 75 de la Ley de Amparo.

DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.