ASPIRANTES A NOTARIOS DEL ESTADO DE MÉXICO. CARECEN DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA RECLAMAR EN EL AMPARO INDIRECTO LA DESIGNACIÓN DIRECTA DE NOTARIOS PROVISIONALES REALIZADA POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE DICHA ENTIDAD CON SUSTENTO EN SU FACULTAD DISCRECIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DEL NOTARIADO LOCAL, PUES LA NATURALEZA DE ÉSTA IMPIDE QUE UNA HIPOTÉTICA CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL PUEDA GENERAR UN RÉDITO CONCRETO E INMEDIATO EN LA ESFERA JURÍDICA DE AQUÉLLOS.

Conforme a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a los elementos constitutivos del interés legítimo, los cuales se encuentran reflejados, entre otras, en las jurisprudencias P./J. 50/2014 (10a.), 1a./J. 38/2016 (10a.), 2a./J. 41/2019 (10a.) y 2a./J. 51/2019 (10a.), se obtiene que para que pueda emerger el citado interés, deben saldarse múltiples exigencias de carácter concurrente, verbigracia, la que atañe a que, conforme a la naturaleza del acto reclamado y a la autoridad que lo emite, ante una eventual concesión del amparo, ese escenario se traduzca en un beneficio concreto en la esfera jurídica del impetrante, que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato del veredicto constitucional, es decir, no puede depender dicha utilidad jurídica de factores contingentes o inciertos. Por su parte, de los artículos 77, fracción XXXVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 14 de la Ley del Notariado local se advierte que dentro del cúmulo de facultades con las que cuenta el gobernador de esa entidad federativa, como autoridad elegida democráticamente, se encuentra una de carácter discrecional, dirigida a nombrar notarios provisionales de manera directa, de entre una diversidad de sujetos con cualidades determinadas, cuyo propósito estriba en que las notarías de nueva creación o vacantes funcionen en óptimas condiciones hasta que se nombre a un titular, es decir, ese tipo de designación tiene como finalidad la normalización de una situación institucional por un tiempo determinado; sin embargo, dicha potestad no trae aparejado un derecho de prelación para aquellos sujetos que tengan formalmente reconocida la calidad de aspirante a notario, o bien, la concurrencia de una obligación a cargo del Ejecutivo estatal focalizada a nombrar a un individuo en específico que cuente con dicho carácter, de lo que se sigue que no sería constitucional ni legalmente permisible limitar esa facultad discrecional a un procedimiento reglado, pues ello la desnaturalizaría. En consecuencia, un aspirante a notario carece de interés legítimo para reclamar en amparo esa designación directa efectuada por el titular del Ejecutivo del Estado de México, porque al emanar de la indicada facultad discrecional, ante una hipotética concesión de la protección constitucional no se generaría un rédito concreto e inmediato en su esfera jurídica, en la medida en que el órgano de amparo no podría constreñir al gobernador a seguir un procedimiento previo en donde se incorporara a aquél, como si se tratara de un concurso de oposición, ni mucho menos a que, al realizar el nombramiento provisional tomara especial consideración respecto de las condiciones personales del promovente, pues ello implicaría desnaturalizar la potestad conferida a aquella autoridad, debido a que este tipo de facultades se distingue por la noción de "elegibilidad y la libertad de actuar o abstenerse". De modo que, bajo ese panorama, no se saldaría uno de los elementos integradores del interés legítimo, porque el eventual fallo protector que llegase a emitirse no tendría el potencial necesario para producir un efecto positivo concreto e inmediato para la esfera de derechos del quejoso pues, atento al carácter discrecional de esa facultad, el efecto inmediato del veredicto constitucional, a lo mucho, únicamente podría traer como implicación la insubsistencia de la designación efectuada, con el objetivo de que se emitiera otra en la que observaran los postulados de fundamentación y motivación, al ser estos apotegmas la única limitante a la indicada facultad discrecional, siendo lejanamente derivada una incierta designación a favor del aspirante, pues ese contexto estaría sujeto a diversos factores de actualización contingente, por ejemplo, que el gobernador, dada la discrecionalidad de esa potestad, insista en su ejercicio y, sobre todo que, entre toda la gama de sujetos que la norma le autoriza para efectuar esa designación directa (no sólo los aspirantes a notario), se decante por nombrar a quien promovió la acción constitucional; sin que sea dable alegar que dicha utilidad jurídica se colmaría al permitírsele al aspirante peticionario de la tutela federal la posibilidad de ser nombrado en condiciones de igualdad, pues ello, al margen de que constituye un aspecto que no saldaría el rubro concerniente al beneficio de carácter real, objetivo e inmediato, como elemento integrador del interés legítimo, revelaría un total desconocimiento del cómo se ejerce una facultad discrecional y, sobre todo, que la doctrina jurisprudencial fijada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación disciplina que la conformación del nombrado interés debe visualizarse en función de la naturaleza del acto reclamado.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN.