RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 25, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO SE INTERRUMPE CON LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE GENERÓ EL DAÑO CUYA REPARACIÓN SE PRETENDE.

Hechos: Una persona moral promovió juicio contencioso administrativo contra la resolución administrativa por la que se ordenó hacer efectiva una garantía de seriedad de adjudicación, por incumplir con la formalización de un contrato administrativo a la que estaba obligada por resultar ganadora y adjudicataria de un concurso licitatorio; la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció su validez. Posteriormente, la empresa presentó reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por el daño que supuestamente se le provocó, con motivo de una indebida actuación por parte de la convocante durante el trámite del concurso, la cual se declaró improcedente porque prescribió su derecho, pues se presentó una vez transcurrido el plazo de un año a que se refiere el primer párrafo del artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Inconforme, la quejosa promovió juicio de amparo directo, al estimar que dicho plazo se interrumpió cuando se admitió a trámite el juicio contencioso administrativo.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la promoción del juicio contencioso administrativo no interrumpe el plazo de prescripción para reclamar la indemnización por la responsabilidad patrimonial del Estado originada presuntamente por el acto administrativo impugnado, que generó el daño cuya reparación se pretende.

Justificación: Lo anterior, porque la impugnación que un particular realiza a través del juicio contencioso administrativo tiene por objeto declarar la invalidez de un acto de autoridad que resulte contrario a derecho. Por su parte, la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado tiene por objeto resarcir a quien resienta un daño provocado por la actividad irregular del Estado. A partir de tal diferencia se considera que los plazos de prescripción establecidos en el artículo 25, primer párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado no pueden interrumpirse con motivo de la impugnación que realicen los particulares en la vía contenciosa, pues las pretensiones en ambos procedimientos son diversas; lo que se corrobora con lo establecido en el artículo 18 de la propia ley, en cuanto prevé que si iniciado el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado se encontrare pendiente algún procedimiento interpuesto por el particular, tendiente a controvertir el acto de autoridad que se reputa como dañoso, el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado se suspenderá hasta que se dicte una resolución que cause estado. Asimismo, este último precepto robustece la independencia que existe entre el procedimiento de responsabilidad patrimonial frente al juicio de nulidad, dado que aquél busca resarcir un daño, mientras que éste persigue obtener la invalidez de un acto. Por tanto, si una determinada actuación administrativa reputada como dañosa fue controvertida a través de algún medio de defensa, el procedimiento de responsabilidad patrimonial debe suspenderse hasta que se dicte una resolución que cause estado en aquella instancia. Sin embargo, el plazo de prescripción para reclamar la responsabilidad patrimonial no se interrumpe con motivo de cualquier impugnación ordinaria; en todo caso, el particular afectado debe presentar la reclamación de responsabilidad patrimonial en los plazos previstos en el artículo 25 de la ley relativa y si lo considera procedente, impugnar de manera paralela el acto administrativo que le afecta a través de otros medios de defensa.

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.