INCLUSIÓN EN LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS Y BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA LA SOLICITUD RELATIVA REALIZADA A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO.

Hechos: En la etapa de investigación inicial, el Ministerio Público y un fiscal especializado pidieron al fiscal general estatal que solicitara a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizar la medida administrativa prevista en los artículos 115 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 15, fracciones I, inciso a) y XXXII, del Reglamento Interior de esa secretaría (abrogado), relativa a la inclusión del imputado en la lista de personas bloqueadas y, como consecuencia, el bloqueo de sus cuentas bancarias. En contra de esa solicitud ministerial se promovió amparo indirecto.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el juicio de amparo es improcedente contra la solicitud realizada a la Unidad de Inteligencia Financiera en la etapa de investigación inicial, para efectos de que se incluya al imputado en la lista de personas bloqueadas y el bloqueo de sus cuentas bancarias.

Justificación: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 8/2025 (11a.) y 1a./J. 78/2018 (10a.) estableció que los citatorios girados por el Ministerio Público en la etapa de investigación inicial no constituyen actos de imposible reparación, al no incidir directamente en la libertad personal ni en otros derechos sustantivos. Además, precisó que la citación para audiencia inicial donde se formulará imputación, al ser un acto preparatorio tampoco puede ser impugnado vía amparo indirecto. En ese sentido, las solicitudes de autoridades ministeriales hechas a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP no son actos de autoridad con efectos directos sobre los derechos sustantivos del quejoso, sino meros actos preparatorios o de trámite tendentes a conseguir la autorización de su inclusión en la lista de personas bloqueadas y, como consecuencia, el bloqueo o inmovilización de sus cuentas bancarias; autorización que sólo compete al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Dichos actos preparatorios o de trámite no causan una afectación real, actual ni inminente en la esfera de derechos de la persona respecto de quien se solicita esa medida administrativa; máxime que carecen de autonomía jurídica. Por tanto, no pueden impugnarse en amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción IV, párrafo primero, a contrario sensu, y 170, fracción I, párrafo quinto, de la Ley de Amparo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.