JUICIO AGRARIO. LA CONSULTA, DE OFICIO, AL SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE ACTOS REGISTRALES DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA DETERMINAR EL VALOR PROBATORIO DE LAS ACTAS DE REGISTRO CIVIL OFRECIDAS POR LAS PARTES, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD PROCESAL Y DE CONTRADICCIÓN QUE RIGEN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES, AL NO CONSTITUIR UN HECHO NOTORIO SU RESULTADO.

Hechos: En un juicio agrario, la parte actora ejerció la acción de nulidad de juicio concluido y ofreció como prueba diversas actas de matrimonio y de nacimiento expedidas por el Registro Civil. El Tribunal Unitario Agrario consultó, de oficio, el sistema aludido para corroborar la autenticidad de dichos documentos y consideró como hecho notorio el resultado obtenido, con base en el cual negó valor probatorio a las actas y determinó que era improcedente la nulidad de los expedientes agrarios. Contra esa decisión promovió amparo directo. Argumentó que el tribunal realizó una investigación oficiosa indebida y efectuó una valoración probatoria contraria a los principios que rigen el procedimiento agrario.

Criterio jurídico: La consulta de los tribunales agrarios, de oficio, al Sistema de Verificación de Actos Registrales de la Secretaría de Gobernación para determinar la eficacia probatoria de las actas de registro civil ofrecidas por las partes, viola los principios de igualdad procesal y de contradicción que rigen los procesos jurisdiccionales, pues su resultado no constituye un hecho notorio.

Justificación: El hecho notorio se refiere a acontecimientos de conocimiento público, accesibles y generalmente aceptados, respecto de los cuales no existe duda ni controversia. En ese contexto, la verificación de la autenticidad de actas del Registro Civil mediante el acceso a sistemas electrónicos oficiales no puede considerarse un hecho notorio, pues supone una actividad de comprobación que depende de la introducción de datos específicos y del análisis de la información arrojada por una base de datos, lo que rebasa la mera constatación de un hecho notorio.

En consecuencia, cuando un órgano jurisdiccional consulta por cuenta propia un sistema de verificación registral para confrontar documentos base de la acción y restarles eficacia probatoria, no invoca un hecho notorio, sino que despliega una actividad de investigación equiparable al desahogo de una prueba de inspección o a la obtención de un informe de autoridad. Esa actuación resulta incompatible con los principios de contradicción e igualdad procesal, al incorporar en la sentencia elementos de convicción obtenidos fuera de las etapas probatorias y sin intervención de las partes. Además, la eficacia probatoria de documentos, como las actas de matrimonio o de nacimiento, no constituye un dato indiscutible ni de dominio público, sino una cuestión que debe resolverse a partir de su valoración razonada, atendiendo a sus formalidades, a su naturaleza jurídica y, en su caso, a los medios de prueba que desvirtúen su autenticidad dentro del proceso.

Por tanto, si surgen dudas sobre su autenticidad, la autoridad debe ordenar oportunamente las diligencias pertinentes durante la sustanciación del procedimiento, con pleno respeto a la bilateralidad de la audiencia, y no desestimar su eficacia probatoria en sentencia con base en una consulta electrónica realizada de oficio, bajo la premisa de que se trata de un hecho notorio, pues al hacerlo lleva a cabo una actividad investigadora indebida, confunde los conceptos de hecho notorio y prueba, y vicia la valoración probatoria.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO.