PROCEDIMIENTO DE FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS. LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CONDICIONADOS A UNA CUENTA GENÉRICA SIN LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU DESTINO Y APLICACIÓN, CONFIGURA UN DAÑO A LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL.

Hechos: Una persona servidora pública, titular de la Dirección de Administración de Fondos de la Secretaría de Finanzas de un gobierno estatal, demandó la nulidad de la resolución emitida en un procedimiento de fincamiento de responsabilidades resarcitorias, mediante la cual se determinó su responsabilidad por realizar transferencias de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) de una cuenta específica del fondo a una cuenta genérica de la misma Secretaría, sin documentación que acreditara su destino conforme al artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció su validez. Contra esa decisión promovió amparo directo. Argumentó que no se acreditó el daño a la Hacienda Pública Federal, porque los recursos permanecieron en cuentas bancarias del propio gobierno estatal.

Criterio jurídico: El daño a la Hacienda Pública Federal, para efectos de la responsabilidad resarcitoria, se configura por la pérdida de identidad y trazabilidad de los recursos federales condicionados, cuando se transfieren a una cuenta genérica sin la documentación comprobatoria de su destino y aplicación.

Justificación: Los recursos del FAFEF son aportaciones federales que la Federación transfiere a las haciendas públicas de las entidades federativas, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de sus objetivos, en términos de los artículos 25, fracción VIII, 47 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. Por ello, las entidades federativas y sus servidores públicos deben mantener la trazabilidad de dichos recursos y comprobar documentalmente su aplicación a los fines legales.

Al transferirse de una cuenta específica del fondo a una cuenta genérica sin la documentación soporte, los recursos pierden su identidad y trazabilidad, confundiéndose con otros recursos de diversas fuentes de financiamiento, haciendo imposible su rastreo y verificación. Además, se desvirtúa la naturaleza condicionada de las aportaciones federales y se incumple el principio de transparencia y rendición de cuentas que rige el manejo de los recursos federales, previsto en el artículo 134 constitucional.

En ese contexto, el daño no deriva de que los recursos salieron materialmente de las cuentas bancarias del gobierno estatal, sino de la pérdida de su trazabilidad y control, lo que impide verificar su correcta aplicación a los fines del artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal. La falta de comprobación de su destino equivale a su pérdida, pues sin la documentación comprobatoria no puede tenerse por cumplido el fin constitucional para el que fueron ministrados. El daño se estima en el monto transferido sin comprobación, en términos de los artículos 50 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, abrogada, y 2108 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.