RENUNCIA. CUANDO UNA MUJER TRABAJADORA ALEGA QUE LA SUSCRIBIÓ BAJO COACCIÓN PSICOLÓGICA O EMOCIONAL, CORRESPONDE A LA PARTE PATRONAL DESVIRTUARLA SI SE ADVIERTE UNA RELACIÓN ASIMÉTRICA DE PODER POR RAZONES DE GÉNERO.

Hechos: Una mujer trabajadora demandó la reinstalación por despido injustificado y la nulidad de cualquier documento que tuviera su firma con renuncia de derechos, señalando que fue obligada a signar documentos en blanco como condición para ser contratada. En su defensa, la patronal argumentó que la relación laboral por tiempo determinado concluyó de forma voluntaria y para acreditarlo ofreció un escrito de renuncia firmado por la actora, cuya autoría fue acreditada mediante prueba pericial.

La junta responsable consideró válida la renuncia y declaró improcedente la acción de despido injustificado. Inconforme, la persona trabajadora promovió amparo directo, alegando la indebida valoración del escrito de renuncia.

Criterio jurídico: Cuando en un juicio laboral una mujer trabajadora afirma desde su demanda que suscribió la renuncia bajo coacción psicológica o emocional, el órgano jurisdiccional debe analizar la validez de dicho acto jurídico conforme al método de juzgar con perspectiva de género. Si se advierte una situación de desigualdad o vulnerabilidad por razones de género que actualice una relación asimétrica de poder, corresponderá a la parte patronal aportar los medios de prueba idóneos para desvirtuar la coacción y demostrar que la manifestación de voluntad fue libre y espontánea.

Justificación: El análisis del escrito de renuncia no puede limitarse a su existencia formal, sino que debe extenderse a verificar si en su emisión concurrieron vicios del consentimiento, particularmente cuando una mujer trabajadora alega haber sido objeto de violencia psicológica o emocional.

En ese supuesto, la persona juzgadora debe aplicar el método de juzgar con perspectiva de género, derivado de los artículos 1o. y 4o. constitucionales, y 1 y 5 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, para identificar si existe una situación estructural de desigualdad o vulnerabilidad por razones de género que genere una relación asimétrica de poder. Asimismo, el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce como violencia laboral, entre otros supuestos, la negativa a respetar la permanencia de la mujer en el trabajo, las amenazas y las humillaciones.

Imponer a la trabajadora la carga de probar la coacción ejercida sobre ella al momento de suscribir la renuncia implicaría colocarla en una situación de desventaja procesal, contraria al principio de igualdad sustantiva.

Por ello, conforme al artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, corresponde a la parte patronal acreditar que la renuncia fue otorgada libremente, pues aun cuando se acredite que la firma le pertenece a la persona trabajadora, lo relevante consiste en dilucidar si en la emisión de esa voluntad concurrieron o no vicios del consentimiento.

A mayor abundamiento, cuando en el juicio se advierte que la firma de documentos en blanco fue una condición para obtener el empleo y que la parte patronal utilizó contratos sucesivos por tiempo determinado para cubrir necesidades permanentes, se evidencia una práctica dirigida a eludir derechos laborales, lo cual constituye un indicio relevante de presión o condicionamiento en la relación de trabajo.

En consecuencia, la renuncia obtenida en tales condiciones carece de eficacia jurídica para desvirtuar el despido injustificado, pues no refleja una voluntad libre, sino una manifestación viciada por coacción psicológica o emocional en un contexto de desigualdad estructural y vulnerabilidad por razones de género.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LOS MOCHIS, SINALOA.