PRUEBA PERICIAL OFRECIDA POR EL MINISTERIO PUBLICO. EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, NO OBLIGA AL JUEZ A REQUERIR A LA DEFENSA PARA NOMBRAR PERITOS DE SU PARTE.

Es infundado el concepto de violación relativo a que el juzgador omitió prevenir al acusado y a su defensor para que nombraran perito valuador de su parte, con lo que se estima infringido lo preceptuado por el artículo 223 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tamaulipas, pues en este ordenamiento no existe precepto alguno que obligue al juez a requerir a la defensa, para que proponga peritos de su parte cuando el representante social ofrece prueba pericial, y menos aún si el acusado y su defensor tuvieron expedito el derecho de ofrecer las pruebas que estimaron convenientes a sus intereses y de objetar el dictamen de autos, si desde la averiguación previa existía avalúo rendido por el perito nombrado por el Ministerio Público, posteriormente ratificado y ampliado ante la presencia judicial, de modo que la falta de impugnación de dicho dictamen es cuestión imputable a la defensa y de ninguna manera al juez instructor.