INHIBITORIA, COMPETENCIA POR. DIVERSAS RAZONES POR LAS QUE SE DA LA INAPLICABILIDAD DE LAS TESIS DE PLENO QUE LLEVAN POR RUBRO: "COMPETENCIA POR INHIBITORIA. EFECTOS DE ACEPTAR LA INCOMPETENCIA" E "INHIBITORIA. COMPETENCIA POR. INTERPRETACION DEL ARTICULO 106 CONSTITUCIONAL Y 36 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES".

Del análisis cuidadoso de las tesis sustentadas por el Pleno de este Alto Tribunal, cuando era competente para conocer de cuestiones de competencia suscitadas entre Jueces de distintos Estados o de distinto fuero, que llevan los rubros: "Competencia por inhibitoria. Efectos de aceptar la incompetencia", e "Inhibitoria, competencia por interpretación del artículo 106 constitucional y 36 del Código Federal de Procedimientos Civiles", se llega a la conclusión de que las argumentaciones en ellas contenidas, se inspiran, en esencia, en la doctrina procesal que interpreta las cuestiones de competencia como las pugnas que surgen entre Jueces o tribunales que pretenden conocer de un determinado litigio o por el contrario abstenerse de intervenir en el mismo; cuestiones que afectan a la capacidad procesal objetiva del órgano jurisdiccional y que son, por tanto, materia de orden público y no de interés particular, por lo que debieran promoverse exclusivamente de oficio; sin embargo, si se examina el Código Federal de Procedimientos Civiles, tanto los artículos 14, 16, 17 tercer párrafo, 23, 29, 34, y 36, que rigen las cuestiones de competencia, como las ideas fundamentales que se expresan en la "exposición de motivos", se corroborará que lejos de acogerse la doctrina procesal inspiradora de la tesis, se toma en cuenta, de modo fundamental, el interés de las partes que intervienen en un juicio en el que se suscitan esas cuestiones, puesto que lejos de interpretarlas como conflictos de soberanía de diversas entidades federativas en las que el interés de los particulares desaparece totalmente, parte de supuestos diversos, entre los que se encuentran precisamente el interés de las partes, lo que, además, especialmente en materia civil, responde a la realidad pues cuando surgen cuestiones competenciales más que producirse un conflicto entre los Jueces de diversos Estados, en que están defendiendo la soberanía de cada uno, lo que ocurre es que las partes tienen interés en que sea uno de ellos el que conozca del caso. Asimismo el artículo 106 constitucional señala en su texto la competencia de la Suprema Corte para dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales, entre otros casos de un Estado y los de otro, entendiéndose que se suscita una competencia, cuando a un Juez que está conociendo de un asunto, se le dice que no es competente y que debe remitir los autos al que sí lo es (declinatoria) o cuando se acuda a un Juez a manifestarle que él es el competente para seguir conociendo de un juicio del que otro está conociendo, pidiéndole que se dirija a él para que se inhiba y le envíe los autos (inhibitoria), no se trata, pues de resolver un conflicto de soberanías, sino determinar entre los planteamientos de las partes y de los Jueces, en su caso, cuál es el que debe conocer del asunto, por lo que la interpretación de las tesis que se analizan al artículo 106 constitucional, hace inútil este precepto, pues si lo que ocurre es que se da un conflicto de soberanía entre Estados, esta situación ya está prevista en el artículo 105, por lo que de haber sido ésta la intención del Constituyente no habría existido el artículo 106; si lo formuló fue porque previó que podían presentarse cuestiones de competencia entre tribunales de Estados diferentes, que era necesario resolver, diversos a los conflictos de soberanía ya previstos en el artículo 105. Por otra parte la interpretación que se hace en las tesis del artículo 36 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en la parte que señala que "en cualquier otro caso, remitirá los autos a la Suprema Corte, comunicándolo así al requirente, para que haga igual cosa", es gramaticalmente inaceptable. Si en la primera parte del párrafo se hace referencia a un caso específico y se establece la regla a seguir y, enseguida, se utiliza la expresión "en cualquier otro caso", la misma comprende, necesariamente, todos los casos diferentes al antes especificado. Pretender que esa expresión se refiera sólo a un caso específico no tiene ninguna base. En las tesis se llega a sostener que lo procedente sería el recurso previsto en la ley local, pero se pierde de vista que para resolver cuestiones de competencia entre tribunales de diferentes Estados debe aplicarse la Ley Federal, concretamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, y que éste, en la hipótesis que se analiza, no señala ningún recurso, como sí lo hace respecto de otros supuestos, sino que previene el envío de los autos a la Suprema Corte. Asimismo, las tesis resultan incongruentes pues, por un lado, sostienen que ante la aceptación de la inhibitoria por el Juez que está conociendo del caso, desaparece totalmente el interés de los particulares, pero luego les reconoce ese interés al admitir que contaban con un recurso a su alcance. Si no tuvieran interés, tampoco ningún recurso debía reconocérseles. En consecuencia, no deben seguir aplicándose las tesis citadas, sino el texto claro del artículo 36 del Código Federal de Procedimientos Civiles, con la ventaja de que así se respetan las garantías de audiencia y debido proceso legal, pues si en dicho precepto se otorga el derecho a la parte inconforme con la aceptación por el Juez que conocía del caso de la inhibitoria, de que el asunto se envíe a la Suprema Corte para que ella resuelva; en definitiva, quien debe conocer, así debe procederse. Aun admitiéndose que la situación examinada ofreciera puntos dudosos, los mismos tendrían que resolverse en el sentido del artículo 14 constitucional, propiciando la defensa del interesado y no dificultándose o impidiéndola, so pretexto de una doctrina procesal que no recoge la ley aplicable.