INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL. OBLIGACION DE LAS JUNTAS DE ESTUDIAR LAS PRUEBAS SOBRE LA JUSTIFICACION DE LA RESCISION DE LA RELACION LABORAL, PARA QUE PUEDAN CONDENAR A SU PAGO.

Tomando en consideración que ni la Constitución General de la República, ni la Ley Federal del Trabajo prevén la hipótesis, de que por el solo hecho de que al obrero se le rescinda el contrato laboral y, esto se pruebe en el juicio, dichos extremos constituyan motivo legal suficiente para que prospere su acción de indemnización constitucional; ya que aun cuando es exacto que nuestra Carta Magna en su artículo 123, consagra tanto en su apartado "A", fracción XXII, como en el "B", fracción IX, en favor del trabajador tal derecho, no menos verídico es que esa preeminente disposición condiciona ese derecho a que tal separación se haga injustificadamente. De ahí que si la Junta responsable tuvo por acreditado el despido, pero omitió por entero efectuar el obligado análisis de las pruebas que la llevarían a determinar si la rescisión realizada por la empresa fue ilegal; y sin embargo, condenó a la patronal, es inconcuso que esa manera de actuar es conculcatoria de garantías, sin que sea válido que la responsable aduzca como motivo de esa falta de análisis, que la demandada no se excepcionó alegando ser justificada esa ruptura del contrato, puesto que la prueba de lo correcto o incorrecto de esa disolución del vínculo laboral se convierte en un requisito sine qua non desde que se alegó su existencia.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO PRIMER CIRCUITO.