ACTOS DE AUTORIDADES.

Tanto en la Constitución Federal como en la Ley de Amparo, el juicio de garantías se establece como una defensa del particular contra actos de autoridades y por éstos debe entenderse la actuación de funcionarios o empleados de organismos estatales o descentralizados que impone (unilateralmente) obligaciones a los particulares, con motivo de funciones oficiales y con base en la ley, modifica las obligaciones existentes o limita derechos; es decir, cuando se actúa con el imperio propio de las funciones de derecho público.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.