JURISPRUDENCIA DE LA CORTE.

La Ley de Amparo impone a la Suprema Corte, la obligación de estudiar la jurisprudencia que hubiere establecido, cuando se invoque en un juicio de garantías; haciendo, en su caso, mención de los motivos o razones que se tengan para admitir o rechazar esa jurisprudencia. La misma ley dispone que la Corte respetara sus propias ejecutorias, pudiendo contrariar la jurisprudencia establecida, siempre que exprese las razones que haya tenido para hacerlo así, debiendo, estas razones, referirse a las que se hubieren tenido presentes para establecer la jurisprudencia que se contraría.