EXPROPIACION PETROLERA, CONSECUENCIAS DEL DECRETO DE.

La circunstancia de que una Junta de Conciliación y Arbitraje afirme en su laudo, que una empresa petrolera debía haber acatado la resolución dictada con motivo del conflicto de orden económico, planteado por los trabajadores petroleros, no puede ser considerado como violatorio de ninguna disposición legal, máxime si la mencionada junta hace tal consideración con el exclusivo objeto de determinar si el decreto expropiatorio de 18 de marzo de 1938, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día siguiente, podía considerarse relativamente al caso de un trabajador que demandaba varias prestaciones de una empresa en donde utilizaban sus servicios, como causa de fuerza mayor. En consecuencia, si una de las cuestiones planteadas ante una Junta por una empresa, era precisamente la que consistía en establecer la existencia o inexistencia de la causa de fuerza mayor, es incuestionable que las consideraciones que haga esa Junta en relación con ese punto, no pueden implicar incongruencia alguna, a pesar de que tales consideraciones sean incorrectas y que no obstante, no serán materia de estudio, ya que dicho decreto no imposibilita a una empresa para seguir utilizando los servicios de uno de sus trabajadores.