GOBIERNO FEDERAL, ADQUISICION DE CREDITOS POR EL.

Es inexacto que de acuerdo con el inciso séptimo, párrafo séptimo del artículo 27 constitucional, el Gobierno Federal sólo esté facultado para adquirir y poseer bienes raíces que estén afectos a un servicio público, pues esa disposición legal sólo comprende a los Estados, al Distrito Federal, a los territorios y a los Municipios de toda la República, cuando expresa que tendrán capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesario para los servicios públicos, pero nada dice en relación a capitales impuesto sobre bienes de esa misma naturaleza, ni comprende a la Federación, lo que es natural, porque de lo contrario, estaría en contradicción con el principio fundamental del propio artículo 27, sobre que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del Territorio Nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene en todo tiempo el derecho de transferir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada; ya que si en origen, la Nación es la propietaria, claro está que tiene derecho de readquirir esa propiedad o de poseer bienes de la naturaleza indicada; pero aun suponiendo que la Nación quedara comprendida en esa disposición legal y de que por medio de sus órganos de funcionamiento, sólo pudiese adquirir los bienes raíces necesarios para los servicios públicos, también sería improcedente la objeción, cuando el bien hipotecado está destinado a un servicio público cuyo interés social es evidente razón por la que la adquisición del crédito, que lo grava, tiene por objeto garantizar ese servicio.