PETROLEO.

Contra los actos de las autoridades administrativas, que tiendan a impedir que se explote el petróleo en zonas que se consideran de propiedad nacional, es improcedente conceder la suspensión, pues de concederla, sus efectos serían que se continuara explotando el petróleo, y en caso de que fuera negado el amparo, el Estado no podría recuperar dicho petróleo, que indebidamente había pasado a manos extrañas, por efectos de la suspensión, dejando de surtirse, por lo mismo, uno de los requisitos que para la procedencia de la misma, exige la Ley de Amparo.