ESTADO PATRONO, AMPARO PEDIDO POR EL, CONTRA EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE.

Debe revocarse el auto de un Juez de Distrito que deseche una demanda de amparo promovida por el jefe del Departamento del Distrito Federal, contra el Tribunal de Arbitraje, en relación con la reclamación presentada por un empleado de esa dependencia, por estimar, que con tal carácter, no tiene ni puede tener garantías individuales, porque representa un poder, en su función de imperio, y así no puede demandar el amparo contra otra función de imperio ya que es indudable en teoría, en la actualidad que las personas morales oficiales pueden pedir amparo, cuando se lesionen sus intereses, circunstancia que concurre cuando existe un fallo del Tribunal de Arbitraje, que obliga al poder público a hacer erogaciones con cargo a su patrimonio y cuando no ejecuta un acto estrictamente administrativo, lo que sólo acontece cuando únicamente persigue su propio interés dentro del campo que le han dejado libre las normas objetivas que fijan derechos de los particulares. Por tanto, los razonamientos expuestos en el caso, son suficientes para cambiar la jurisprudencia de la Cuarta Sala de esta Suprema Corte, estableciendo ahora, que para interponer el recurso constitucional de amparo, tiene capacidad el Estado, cuando se trata de decisión en perjuicio de sus intereses, recaída en un procedimiento seguido ante un órgano con jurisdicción especial, creado por el mismo Estado, autolimitando su soberanía para resolver sobre la legalidad de sus actos.