TERRITORIOS FEDERALES. DELITOS CONTRA FUNCIONARIOS DE LOS.

En la fracción VI, base segunda, del artículo 73 de la Constitución General de la República, se previene que el gobierno de los territorios estará a cargo de gobernadores, que dependerán directamente del presidente de la República, quien los nombrará y removerá libremente. La Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, de 31 de diciembre de 1928 que fue derogada por la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal de 31 de diciembre de 1941, en la parte relativa al propio Distrito Federal, está en vigor por lo que hace a las disposiciones que contiene referentes a los territorios federales, según lo ordenado en el artículo 4o., transitorio, de esta última ley, y en el artículo 118 de aquel ordenamiento, se previene que el gobierno de los mismos, estará a cargo de gobernadores que dependerán directamente del presidente de la República, quien los nombrara y removerá libremente; en el artículo 126 se faculta a los gobernadores de los territorios para nombrar y remover con aprobación del presidente de la República al secretario de Gobierno, al tesorero general y al inspector general de Policía, y el artículo 136 determina que será jefe inmediato de la policía el inspector general, quien estará directamente a las órdenes de los gobernadores respectivos. En consecuencia, los territorios federales quedan asimilados en cuanto a su régimen interior a los estados que integran la Federación, constituyendo entidades distintas de la propia Federación; por tanto, los hechos delictuosos que se comentan contra funcionarios o empleados de alguno de los territorios federales, deben ser considerados como delitos del orden común, por no quedar incluidos en la enumeración de los delitos federales se hace en la fracción I del artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en tal virtud, la competencia que se dirime, debe radicarse en el Juez del fuero común que contiende, por no haber tenido el ofendido con los hechos delictuosos que dieron origen al proceso relativo, el carácter de funcionario o empleado de la Federación, sino el de funcionario o empleado del gobierno del territorio norte de la Baja California, como inspector general de Policía que era, en la fecha en que acaecieron los hechos que denunció, que se estimaron como constitutivos de delitos contra funcionarios públicos, consistentes en difamación y calumnia.