DIVORCIO, EL TERMINO DE CADUCIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA ACCION DE, TRANSCURRE A PARTIR DE LA SENTENCIA DE AMPARO.
En el segundo concepto de violación, el agraviado alega la falta de aplicación de diversos dispositivos de la ley procesal civil porque el ad quem estimó que no existía cosa juzgada en el pleito de que se trata, y aduce que con ello se cometen las siguientes violaciones: a) dar por establecido que el juicio de garantías no es un proceso constitucional autónomo y atribuirle la naturaleza de recurso o instancia al estimar que la cosa juzgada se obtiene al pronunciarse sentencia en el, cuando la ley que lo rige lo denomina precisamente juicio de amparo, con efectos de anulación del acto impugnado, siendo que las sentencias de segunda instancia adquieren la calidad de cosa juzgada; b) que al sostener el ad quem que la sentencia de segunda instancia no tiene calidad de cosa juzgada, pareciera que por tal motivo no pudiera ejecutarse, a pesar de que los artículos 500, 501, 502 y relativos del Código de Procedimientos Civiles regulan la ejecución de los fallos apelados, y de que el numeral 426 del propio ordenamiento, en su fracción II, establece que las sentencias de segunda instancia causan ejecutoria por ministerio de ley, de tal forma que es la suspensión en el juicio de amparo la que impide su ejecución, pero no la ausencia de cosa juzgada como se dice en la resolución impugnada, al estimar que no produce efectos ejecutorios la de la segunda, sala familiar reclamada en diverso amparo; c) establecer que las sentencias de amparo son las únicas que adquieren la calidad de cosa juzgada, contrariamente a lo que dispone el artículo 426 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, respecto de lo anterior debe decirse que, independientemente de que el ad quem haya considerado, en observancia de la jurisprudencia invocada por el a quo misma que se transcribió precedentemente, que al momento de ejercitar la acción de divorcio no existía cosa juzgada en el diverso juicio que para disolver el vínculo conyugal siguió Enriqueta Taboada Flores de Gallardo contra Ricardo Gallardo Vallejo, dado que estaba pendiente de resolución el amparo interpuesto contra la sentencia de segunda instancia pronunciada en el mismo, lo cierto es que el artículo 268 del Código Civil, en donde se establece esa causal, alude no a ese concepto sino a que la acción sólo puede ejercitarse pasados tres meses de la notificación de la última sentencia, y esta, en concepto de la propia jurisprudencia, es la pronunciada en el juicio de garantías, como también lo adujo la Sala responsable, sin que esto haya sido objeto de impugnación por parte del quejoso, y por tanto, el concepto de violación que se analiza deviene inoperante, puesto que aún cuando fuera cierto que las sentencias de segunda instancia causan ejecutoria por ministerio de ley ello no bastaría para determinar el otorgamiento del amparo, atento el principio de estricto derecho que rige al juicio de garantías de la materia, conforme a la interpretación en sentido contrario del artículo 76 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/tesis/387731-04ca092d/divorcio-el-termino-de-caducidad-para-el-ejercicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta tesis en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes
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