AMPARO, DESISTIMIENTO DEL, EN MATERIA AGRARIA Y CUANDO SE AFECTEN DERECHOS SOCIALES.

El principio fundamental de que una persona física o moral puede desistir de la acción constitucional de amparo, que ha regido durante más de un siglo la teoría del juicio de garantías, sufrió una trascendental modificación al través de la reforma que se introdujo, a la fracción al través de la reforma que se introdujo, a la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, mediante decreto promulgado el 3 de enero de 1963 y publicado, en el Diario Oficial de la Federación del 4 de febrero del mismo año de 1963. Esta reforma considera que no habrá, en ningún caso, el desistimiento de la acción constitucional de referencia, cuando se trate de amparos interpuestos por núcleos de población ejidal o comunal, contra actos que afecten sus derechos agrarios, total o parcialmente, en forma definitiva o temporal. La reforma en cuestión, con operancia, hasta ahora, únicamente a la materia agraria y a los amparos interpuestos por los núcleos de población ejidal o comunal, tiene el profundo alcance de proteger los derechos sociales, en la materia agraria, protección que sería deseable se extienda a otros derechos e incluso a la materia relativa a la seguridad social y a la seguridad en el trabajo, que deben tener el mismo tratamiento, en la sustanciación del juicio de garantías, para la verdadera transformación del viejo amparo individualista en el amparo social.