PETROLEO, LEY DEL ESTADO DE VERACRUZ, GRAVANDO LOS INGRESOS O UTILIDADES QUE OBTIENEN LOS PROPIETARIOS DE TERRENOS, POR EL ARRENDAMIENTO.

El artículo 27 constitucional, establece que corresponde al a nación el dominio directo de todos los minerales o sustancias que, en vetas, mantos, masas y yacimientos, constituyen depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como minerales, de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria...; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos; confiriendo a la nación el derecho de ejercer jurisdicción sobre el petróleo y la facultad legislativa correspondiente, los cuales ejerce por medio de los Poderes de la Federación, según jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y no por medio de los Estados. En consecuencia, con este criterio, el artículo 6o. de la ley reglamentaria del mismo precepto constitucional, estatuye que es exclusivo de la jurisdicción federal, todo lo relativo a la industria petrolera, y es inconcuso que sólo la Federación puede legislar y crear impuestos sobre el petróleo y su industria. Según la parte final del artículo 3o. de la Ley del Petróleo, la industria petrolera comprende: el descubrimiento, la conducción por oleoductos y la refinación del petróleo. Ahora bien, ni del texto del artículo 1o., ni del de ninguno de los que comprende la ley número cuarenta y siete del Estado de Veracruz, de 15 de enero de 1929, aparece que ella grave actividad alguna relativa al descubrimiento, captación, conducción por oleoductos o refinación del petróleo, únicas que comprende la industria petrolera, ni acto alguno de explotación de dicho mineral, ni hace gravitar el impuesto sobre los industriales o concesionarios de la explotación petrolera; sino que se limita a gravar los ingresos o utilidades que obtienen los propietarios de terrenos en el Estado de Veracruz, por el arrendamiento o contratación de sus terrenos, con las personas que se dedican a la expresada industria, puesto que dicha ley sólo establece un impuesto sobre las rentas o utilidades provenientes de los citados contratos de arrendamiento, imponiendo la obligación de su pago a los beneficiarios de dichas rentas o utilidades; lo cual no implica que tal impuesto sea un gravamen sobre la industria petrolera, sino sobre las rentas, regalías o utilidades que por virtud de aquellos contratos de arrendamiento, obtienen los propietarios, sin dedicarse por ello a la industria petrolera; no debiendo confundirse a los rentistas de la industria petrolera, carácter que tienen los arrendatarios, con los industriales y con la industria petrolera. Por tanto, la ley de que se trata, no es contraria a la Constitución, en el punto que se examina; ni tampoco está comprendida entre las prohibiciones a los Estados, que en materia de tributación se especifican en los artículos 117 y 118 de la Constitución Federal, ni entre las facultades privativas del la Federación, determinadas en el artículo 131.