TELEGRAFOS.

Los encargados de las oficinas de telégrafos, incurren en el delito de desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad, cuando demoran injustificadamente la transmisión de los mensajes a que se refiere el artículo 58 de la Ley de Amparo, y la ignorancia, aun demostrada, de las prevenciones del referido precepto, no destruye la presunción de dolo. Conforme al citado artículo 58, la desobediencia existe ya por la acción, ya por la inacción del delincuente, puesto que el precepto apuntado, castiga no sólo el hecho de rehusar la transmisión de un telegrama, sino también la demora, y no puede alegarse como exculpante, lo dispuesto en una ley local, puesto que el deber de los encargados de las oficinas telegráficas, es acatar lo mandado en el tantas veces repetido artículo 58, que, por hallarse contenido en una ley federal, de observancia en toda la República, prevalece sobre cualquier mandamiento local; ni tampoco es exculpante la orden que el delincuente reciba de un superior jerárquico, para no transmitir el mensaje, porque es notorio que tal orden constituye un delito.