TRABAJADORES. SUS CREDITOS ESTAN EXCLUIDOS DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL. CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 97 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

El artículo 123 constitucional, en sus fracciones XX y XXIII, establece una mera jurisdicción para resolver sobre una materia de controversias, la de los conflictos de trabajo, y no un fuero especial, y una preferencia absoluta, de los créditos de los trabajadores, por el último año de servicios, sobre cualesquiera otros, en los casos de concurso o quiebra, lo que claramente indica, que los trabajadores no necesitan entrar a la quiebra, puesto que sus créditos están excluidos del procedimiento concursal y consecuentemente, deben deducir sus reclamaciones, para lograr que se les cubran, únicamente ante las autoridades del trabajo, y esta situación es más patente, cuando la reclamación del trabajador se ha intentado con anterioridad a la declaración de quiebra y se ha reconocido en el laudo respectivo, puesto que si no está obligado a sujetarse a las determinaciones el Juez de la quiebra menos puede pretenderse que el procedimiento de ejecución se acumule al de la propia quiebra. Además, como los créditos por salarios e indemnizaciones, legalmente tienen carácter alimenticio, la necesidad de cubrirlos es inmediata e inaplazable y ello justifica que el laudo que los estima, se ejecute pronta y eficazmente, pues su cumplimiento es de interés público. Así, la resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que lleva a la enajenación inmediata de los bienes necesarios para que sean pagados los créditos de trabajo, preferentemente a cualesquiera otros, tal como lo dispone el artículo 97 del código laboral, no es, sino mera consecuencia de la exclusión de éstos y de su preferencia sobre todos los demás, en los casos de concurso, establecida por la citada fracción XXIII del artículo 123 de la Ley Suprema, todo lo cual lleva a concluir, que el referido artículo 97 de la Ley Federal del Trabajo, se ajusta al espíritu de las disposiciones constitucionales invocadas. Esta última, no es ley privativa, porque está formulada de un modo abstracto y general, para se aplicada a un número indefinido de personas y a una serie indeterminada de casos y las Juntas de Conciliación y Arbitraje, no son tribunales especiales, porque aplican dicha ley con igualdad, sin limitación de personas, en todos los asuntos que se encuentran comprendidos dentro de sus disposiciones.