LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SU REGLAMENTO. CALIFICACIONES.

Las efectuadas por las Juntas Calificadoras del referido impuesto deben ser legitimas y no arbitrarias. En nuestro sistema legal no basta que una autoridad como la aludida Junta realice una calificación estimativa, y que asevere que esta última se apega a la ley, sino que para la legalidad de tal acto debe demostrar, efectivamente, que la fijación y determinación del impuesto está fundada en los presupuestos de hecho señalados en la ley y reglamento aplicables dentro de las prescripciones constitucionales de los artículos 14 y 16 constitucionales. Por consiguiente, para la auténtica legitimidad del acto de referencia se requiere que la calificación haya sido hecha con los datos y usando las medidas adecuadas para tal efecto; o sea, de acuerdo con las disposiciones de los artículos 41 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 123, fracción II del reglamento respectivo, con base en los signos externos del causante o en estadísticas reales referentes a negocios similares al que se pretende calificar; asimismo los datos en cuestión deben ser dados a conocer al calificado, persona moral o física a fin de que éste pueda impugnarlos si los considera insuficientes o ilegales. El criterio anterior es de observarse, porque la Junta Calificadora se concretó, según queda dicho, a afirmar que su calificación estimativa estuvo apegada y conforme a la ley, mas sin acreditar, como tenía la obligación de hacerlo, la fundamentación motivación de dicho acto, con lo que incuestionablemente que incurrió en arbitrariedad y en la violación conjuntamente de los preceptos y disposiciones legales antes citados, por no probar haber satisfecho los presupuestos legales y de hecho que requiere una calificación como la de que se trata y que ha sido impugnada en este juicio.