ACCIÓN PAULIANA. PRESUNCIÓN DE FRAUDE INOPERANTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).-

Con el propósito de facilitar el ejercicio de la acción pauliana, invirtiendo la carga de la prueba, el artículo 2073 del Código Civil de Nuevo León, idéntico al 2179 del Código Civil para el Distrito Federal, establece que se presumen fraudulentas las enajenaciones a título oneroso hechas por aquellas personas contra quienes se hubiese pronunciado antes sentencia condenatoria en cualquier instancia o expedido mandamiento de embargo de bienes, cuando estas enajenaciones perjudican los derechos de sus acreedores. Ahora bien, aparte de que el texto de esta disposición, tomado en su literalidad, no autoriza a extender a los terceros la presunción que consagra, si se atiende a que la expresión: "enajenaciones hechas por aquellas personas contra quienes se hubiese pronunciado ... o expedido ...", no puede aludir sino al deudor que enajena y no al adquirente con quien aquél contrate, la interpretación jurídica del precepto lleva a la misma conclusión. En efecto, la presunción legal no es otra cosa que un juicio lógico del legislador por virtud del cual considera como cierto un hecho, apoyándose en la experiencia que le indica cuál es el modo regular como suceden las cosas. En este sentido, es claro que la citada presunción no puede fundarse sino en el conocimiento que se atribuye al deudor acerca de las acciones emprendidas en su contra, por ser normal que, sabedor de su propia situación económica, esté al tanto de esas acciones y tienda a realizar actos nocivos para sus acreedores; lo que no sucede respecto de los terceros con quienes haya contratado el deudor, ya que, por su misma condición, racionalmente no cabe que a priori se les suponga enterados del estado patrimonial del deudor y de las sentencias o mandamientos de embargo en su contra pronunciados, y menos que se infiera que realizaron la operación sabedores de que, como resultado de la misma, quedaba insolvente el enajenante y se causaba necesariamente un perjuicio a sus acreedores. Consecuentemente, el hecho de haberse realizado la transmisión del dominio, concurriendo las circunstancias a que alude la mencionada disposición, no hace operante dicha presunción con relación al adquirente.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.