BENEFICIARIOS DESIGNADOS EN ALGUNAS OPERACIONES BANCARIAS. CUANTIFICACIÓN DE SU DERECHO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).-

El contenido del artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito, analizado a través de las disposiciones que constituyen sus antecedentes y la doctrina existente sobre el tema, pone en conocimiento de que, con la finalidad de estimular el pequeño ahorro en los bancos, mediante la celebración de operaciones de depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro y a plazo o con previo aviso; de aceptación de préstamos y créditos; y de depósitos bancarios en administración de títulos o valores a cargo de instituciones de crédito, en dicha norma se establece una figura jurídica cuya naturaleza es la de una sucesión contractual voluntaria mortis causa, hasta por el valor económico mayor que resulte de: I. El equivalente a veinte veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal elevado al año, por operación; o II. El equivalente al setenta y cinco por ciento del importe de cada operación. Esta sucesión se formaliza mediante la libre designación, sustitución y modificación de sucesores, los cuales reciben la denominación legal de beneficiarios, que de manera expresa y por escrito pueden hacer los titulares de dichos contratos, y el establecimiento de la parte que habrá de corresponder a cada uno, en el caso de ser varios; quedando el excedente regido por las disposiciones correspondientes a las sucesiones legítima o testamentaria consignadas en la legislación civil; y por tanto, no es válido considerar que la institución de crédito pueda optar por cualquiera de los supuestos previstos en las fracciones I y II, pues el segundo párrafo del texto legal en comento prescribe, clara e imperativamente, que el banco debe entregar "el importe correspondiente a los beneficiarios que el titular haya designado expresamente y por escrito para tal efecto", sin dejar abierta ninguna posibilidad de reducirlo o incrementarlo; y sólo para el efecto de determinar ese "importe" en cada caso concreto, establece que no debe exceder el mayor de los dos límites que precisa a continuación, de lo que se impone colegir que todo lo que no exceda el mayor de tales límites es lo que le corresponde a los beneficiarios en esa sucesión contractual; o en otras palabras, que las instituciones de crédito deben entregar en estos casos la cantidad mayor entre la equivalente a veinte veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal elevado al año, por operación, y la equivalente al setenta y cinco por ciento del importe de cada operación.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.