FINANCIAMIENTO PÚBLICO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE SU ENTREGA.-

La decisión de la autoridad administrativa electoral de entregar el financiamiento público que corresponde a un partido político, por ejemplo, a las personas que fueron señaladas para tal efecto por la dirección de dicho ente, en perjuicio de quien se considera facultado para ello, no constituye materia de algún derecho político-electoral que se deba tutelar a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en términos de lo dispuesto por los artícu-los 79 y 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, puesto que tal asignación no se realiza mediante voto emitido de manera popular y directa, ni tiene que ver con el derecho de los ciudadanos de asociación para la participación en la política ni de libre asociación partidista; sino que constituye un acto meramente administrativo, atinente al otorgamiento de financiamiento a los partidos políticos, conforme a las disposiciones legales aplicables.