IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. NO SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO SOLICITA PREVIAMENTE LA TRASLACIÓN DEL TIPO A LOS PREVISTOS EN EL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL [TESIS HISTÓRICA].

La causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, sólo se actualiza cuando el sentenciado manifiesta, verbalmente o a través de signos inequívocos, su aceptación y sometimiento a la sentencia que constituye el acto reclamado, o bien, cuando se advierta en forma indubitable que se conforma con ella por su acatamiento. En ese tenor, debe considerarse que la sentencia en materia penal tiene por objeto poner fin al juicio y en ella, de manera ordenada y secuencial, hacer el pronunciamiento de la existencia o no del delito, de la responsabilidad o irresponsabilidad del acusado y, afirmados ambos presupuestos, imponer las penas correspondientes. En tanto, el principio de aplicación de la ley más favorable consagrado en el artículo 10 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, con motivo de la traslación del tipo descrito en la legislación anterior, tiene por objeto que el sentenciado sea favorecido con una pena menor a la impuesta por el tribunal de alzada y, en su caso, se le otorgue algún sustitutivo o beneficio legal. No obstante, en este último supuesto no se reexamina la existencia de los presupuestos de la sanción. Por tanto, la solicitud del agraviado en forma directa o mediante incidente no especificado, en los términos expuestos, no puede considerarse por sí misma como el consentimiento de la sentencia reclamada, al no existir sometimiento implícito a la totalidad de las consideraciones que fundamentan la pena respecto de la cual pretende verse favorecido el quejoso. En consecuencia, la acción constitucional faculta al tribunal de amparo al examen de la legalidad del acto reclamado, tal como apareció probado ante el tribunal responsable, considerando como un todo e integrado en su parte considerativa de las afirmaciones secuenciales precisadas.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.