REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PARA QUE PROCEDA NO BASTA EL PLANTEAMIENTO DE QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO OMITIÓ APLICAR ALGUNA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, SINO QUE ES NECESARIO VERIFICAR SU APLICACIÓN AL CASO ESPECÍFICO.

La Segunda Sala, en la jurisprudencia 2a./J. 37/99, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO OMITE APLICAR LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY.", estableció que en acatamiento a la obligación prevista en el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo, de suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios cuando la jurisprudencia declara la inconstitucionalidad de una norma general, al producir sus efectos para todos los casos concretos que se adecuen al supuesto precisado en ésta, el Tribunal Colegiado debe conceder el amparo por fundarse el acto reclamado en un precepto declarado inconstitucional, y que si no hace tal pronunciamiento, a pesar del deber que tenía de suplir la queja deficiente, resulta procedente el recurso de revisión. Ahora bien, en dicho criterio se parte de la base de que los casos específicos se ajusten a los supuestos precisados en la jurisprudencia respectiva, pues de ello depende la obligación de aplicarla, lo que implica que no basta el planteamiento de que en el caso concreto debió aplicarse algún criterio jurisprudencial que declaró la inconstitucionalidad de una norma general, para que resulte procedente la revisión en amparo directo, sino que es necesario verificar, previamente, si el criterio invocado tiene aplicación al caso específico.