REMATE. EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A ORDENAR DE OFICIO EL REAVALÚO DE LOS BIENES EMBARGADOS CUANDO POR MEJORAS O POR EL TRANSCURSO DEL TIEMPO HUBIERE VARIADO SU PRECIO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DE LOS ESTADOS DE SINALOA, JALISCO Y EL DISTRITO FEDERAL).

Los artículos 495, 486 y 511, de los Códigos de Procedimientos Civiles para los Estados de Sinaloa, Jalisco y el Distrito Federal, respectivamente, prevén sustancial y coincidentemente que para la ejecución de sentencias se requiere que los bienes embargados se valúen para venderse en almoneda pública, y que el avalúo será innecesario si el precio consta en instrumento público, se ha fijado por el consentimiento de los interesados o se determina por otros medios conforme a las estipulaciones del contrato, a menos de que por el transcurso del tiempo o por mejoras aquél hubiere variado. Por otra parte, de los artículos 490, 481 y 500, primer párrafo, de los Códigos de Procedimientos Civiles para los Estados de Sinaloa, Jalisco y el Distrito Federal, respectivamente, se advierte que la ejecución de sentencia procede a instancia de parte, es decir, el juzgador no puede iniciar tal etapa oficiosamente. De ahí que si bien es cierto que mediante el avalúo de los bienes embargados se persigue que se vendan con base en un valor real, vigente al momento del remate, también lo es que dicho fin, salvo disposición expresa de la ley en contrario, está inseparablemente vinculado al interés de las partes legitimadas para intervenir en el procedimiento de ejecución, sin que exista justificación jurídica para que en ese procedimiento se imponga al juzgador el deber de revisar que el valor de avalúo de los bienes embargados corresponda con su valor real, ni la obligación de ordenar de oficio su reavalúo, cuando por mejoras o por el transcurso del tiempo hubiere variado su precio.