SANCIONES ADMINISTRATIVAS. CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA QUE LAS IMPONEN A SUS SERVIDORES PÚBLICOS, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

De los artículos 19, fracción IX y 80 de Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa se aprecia que la remoción o sanción de un servidor público integrante del Poder Judicial local es de competencia exclusiva del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de esa entidad y que el Consejo de la Judicatura estatal carece de facultades para conocer y resolver alguna controversia que con motivo de dicha sanción se suscite entre los órganos del Poder Judicial y sus servidores públicos. Por otra parte, tratándose de los procedimientos de responsabilidades administrativas de éstos, resulta aplicable la vigente Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de esa entidad, de cuyos artículos 4o., fracción III y 108, se advierte la inexistencia, dentro del Poder Judicial Estatal, de un órgano de control interno que pudiera conocer del recurso de revisión que se promueva contra una determinación que imponga una sanción administrativa y, considerando que respecto de la que impone el referido Pleno tampoco admite el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por disposición expresa del último numeral citado, es incuestionable que la resolución que decreta una sanción administrativa contra un servidor público del Poder Judicial, se considera definitiva e inatacable, al no admitir medio ordinario de defensa alguno a través del cual el afectado pueda impugnarla; por tanto, está en posibilidad de promover juicio de amparo indirecto contra tal determinación.