LEGITIMACIÓN, FALTA DE. EN LA AUTORIDAD PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITIÓ EN UN JUICIO DE NULIDAD QUE VERSÓ SOBRE INCUMPLIMIENTO A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA PÚBLICA.

Los entes públicos, sean de la Federación, Estados, municipios u órganos político-administrativos, al administrar los recursos públicos que se les otorgan, con la finalidad de realizar las obras materia de su competencia requeridas, pueden celebrar contratos con los particulares, los que son susceptibles de reflejar una vinculación entre la autoridad y el particular, en un plano de coordinación -con igualdad de condiciones-, o bien contener clausulado en el que la autoridad contratante se reserve el imperio que le confiere la ley, lo que conlleva que la relación es de supra a subordinación. En ese tenor, el incumplimiento al contrato de obra pública, que se demande en el juicio contencioso administrativo, puede provenir del ejercicio de esa potestad autoritaria reservada, derivar de un diverso acto, que tenga la misma característica de imperio, o bien referirse a una mera desatención a las cláusulas pactadas en igualdad de condiciones. Así, a efecto de verificar en qué plano actuó la autoridad demandada en el juicio de nulidad -coordinación, o supra a subordinación-, con la finalidad de determinar si ese ente público acude al juicio de garantías, en su vía directa, en defensa de su patrimonio o de un acto de imperio; es necesario llevar a cabo un estudio profundo y congruente de las actuaciones del procedimiento jurisdiccional de origen, lo que es propio de la sentencia definitiva que se dicte en el amparo directo, por parte del Tribunal Colegiado de Circuito, funcionando en Pleno, y no del auto de radicación, emitido por el Presidente del órgano jurisdiccional. Por ende, la falta de legitimación de la autoridad demandada en el juicio de nulidad, en ese supuesto vinculado con contratos de obra pública, no constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que justifique el desechamiento de la demanda constitucional.

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.