SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS DEL DECRETO 27591/LXII/19, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO, PARA REGULAR, RESTRINGIR Y LIMITAR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, PUES ES MAYOR EL INTERÉS QUE TIENE LA SOCIEDAD DE PRESERVAR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ QUE EL PERJUICIO ECONÓMICO Y OPERATIVO QUE PUDIERA RESENTIR LA PARTE QUEJOSA.

Del citado decreto por el que se reforman los artículos 5o., 43, 71, 174, 180 y 183 y se crean los artículos 71 Bis, 71 Ter, 71 Quater y 174 Ter, todos de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, se desprende que regulan, restringen y limitan la circulación de vehículos de transporte de carga en el área metropolitana de Guadalajara, ya que establecen, entre otras cosas, las condiciones de peso y dimensiones máximas de los automotores, la clasificación vehicular y sus modalidades con apego a la norma oficial mexicana aplicable, además de regular el tránsito de esos vehículos y los horarios sobre el ingreso, entrada y salida intraurbana dentro de los límites territoriales establecidos en el Mapa Funcional y en los lineamientos que para tal efecto se emitan, así como las sanciones que se impondrán a los infractores por exceder las medidas y pesos establecidos. Ahora, de la exposición de motivos de dicho decreto y del "Estudio de Origen y Destino del Transporte de Bienes y Servicios que ingresa y sale por los 7 accesos carreteros del área metropolitana de Guadalajara", que se tomó en consideración en la iniciativa correspondiente, se desprende que el objetivo de la citada reforma tiene consecuencias benéficas para la colectividad, pues al pretender disminuir el tráfico vehicular permite bajar accidentes de tráfico que ponen en riesgo a todos los conductores, y han llevado a la pérdida de vidas humanas, entre ellos los menores de edad que son trasladados a los centros educativos, lo que produce bienestar en la calidad de vida de las personas; de ahí que tales normas sí están encaminadas a proteger, entre otros, los derechos de la niñez, elemento fundamental a salvaguardar con la decisión para el otorgamiento o negativa de la suspensión. Ahora, de un análisis simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, así como de la afectación al orden público e interés social, se estima que es improcedente conceder la suspensión provisional respecto de los efectos y consecuencias del decreto impugnado, pues debe prevalecer y protegerse la no afectación al orden público y a la sociedad, cuyos derechos de los niños y niñas, están en juego, para lograr un medio ambiente sano frente al mero daño económico y operativo por el ajuste al horario y límites territoriales de circulación que tendría que adoptar el quejoso en el desempeño de su actividad.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.