CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL. LA PARTICIPACIÓN DEL TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, COMO MIEMBRO DE SU JUNTA DE GOBIERNO, ES CONSTITUCIONAL.

Hechos: Varios sindicatos promovieron juicio de amparo indirecto en contra del artículo 590-D de la Ley Federal del Trabajo, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, al sostener que la participación del titular del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), como integrante de la Junta de Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) es inconstitucional, al permitir que éste actúe como Juez y parte al mismo tiempo.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que el nombramiento de la persona titular del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, como integrante de la Junta de Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, es acorde a las bases constitucionales que rigen su creación.

Justificación: Con motivo de la reforma constitucional en materia laboral, se estableció en el artículo 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, encargado de la función conciliatoria, así como del registro de las organizaciones sindicales y de todos los contratos colectivos de trabajo, el cual se regiría, entre otros, por los principios de independencia e imparcialidad, y cuya integración y funcionamiento quedarían sujetos a la legislación ordinaria. De esa manera, el legislador contaba con libertad para desarrollar la organización y el funcionamiento del organismo descentralizado, siempre que respetara los lineamientos fijados en la norma constitucional, garantizando su autonomía e independencia, así como los principios que rigen su actuación. Consecuentemente, la decisión de depositar la administración de dicho órgano en una Junta de Gobierno, integrada por representantes de diferentes dependencias y organismos gubernamentales, como lo es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, tiende a garantizar su carácter autónomo e independiente; atributos esenciales para asegurar el ejercicio de sus funciones con plena imparcialidad, al no estar sujeta a instrucciones de ninguna otra entidad. Además, la participación de la persona titular del Instituto citado, como integrante de la Junta de Gobierno no implica ningún conflicto de intereses ni tampoco denota falta de parcialidad en su actuar, en tanto que dicha participación está justificada en el principio de transparencia como eje rector en el desempeño de sus funciones.