DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS. LA ABROGACIÓN EN LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN DE LAS FACULTADES SANCIONATORIAS Y DE IMPOSICIÓN DE MEDIDAS PRECAUTORIAS DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT), FRENTE A VIOLACIONES SOBRE ESTOS DERECHOS, CONSTITUYE UNA TRANSGRESIÓN AL DERECHO A SU DEFENSA.

Hechos: Una asociación civil promovió juicio de amparo indirecto en contra del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, al estimar que se vulneraba en su perjuicio su derecho humano a defender los derechos de las audiencias, así como el principio de progresividad de los derechos humanos, toda vez que se abrogó una serie de supuestos jurídicos que le permitían hacerlos justiciables y, en ese tenor, exigir la sanción de los concesionarios frente al incumplimiento de sus obligaciones en esa materia.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la abrogación de las facultades sancionatorias, así como la facultad de imposición de medidas precautorias, correspondientes al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), frente a violaciones o posibles violaciones, por parte de los concesionarios de radio y televisión sobre los derechos de las audiencias, constituye una violación al derecho a la defensa de las audiencias, es decir, a la defensa de los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.

Justificación: Ello, pues mediante la abrogación de facultades sancionatorias y de aplicación de medidas precautorias, así como con la limitación de facultades de vigilancia en materia de los derechos de las audiencias, correspondientes al Instituto Federal de Telecomunicaciones, se actualiza un retroceso en el grado de protección y garantía del derecho a la defensa de los derechos de las audiencias, así como en el de protección alcanzado sobre los derechos de las mismas, esto es, sobre la libertad de expresión y el acceso a la información dentro de este sector; mismos que constituyen derechos humanos cuyo ejercicio, protección y garantía son esenciales para la consolidación del régimen democrático del Estado Mexicano y que, por tanto, merecen protección reforzada.