SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. LOS REQUISITOS PARA LA AFILIACIÓN DE ASCENDIENTES A DICHO SERVICIO, ASÍ COMO LA DEFINICIÓN DE DEPENDENCIA ECONÓMICA PLENA Y TOTAL, SON VIOLATORIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS A LA IGUALDAD, A LA NO DISCRIMINACIÓN Y A LA SEGURIDAD SOCIAL.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron de manera divergente al analizar las normas generales que prevén la afiliación de ascendientes al Servicio Médico Asistencial de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, pues mientras uno de los tribunales determinó que el artículo 25, fracción VII, y último párrafo, del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, no es violatorio del derecho a la seguridad social, reconocido en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso d), de la Constitución General, el diverso órgano jurisdiccional resolvió que el sistema normativo complejo que rige a dicha afiliación vulnera los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación, reconocidos en el artículo 1o. constitucional, así como los diversos a la salud y a la seguridad social, reconocidos en los artículos 4o. y 123, apartado B, fracción XI, inciso d), de la Constitución General.

Criterio jurídico: El Pleno del Decimoséptimo Circuito determina que los requisitos para la afiliación de ascendientes al Servicio Médico Asistencial que otorga Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, consistentes en (i) no contar con una afiliación vigente a una diversa institución de seguridad social; (ii) la inscripción de persona física sin actividad económica ante la autoridad hacendaria; (iii) el certificado de inexistencia o existencia de propiedades emitido por el registro público de la propiedad; (iv) no gozar de "buena condición de salud", y/o (v) no haber contraído nuevamente matrimonio, así como la definición de dependencia económica plena y total, son violatorios de los derechos humanos a la igualdad, a la no discriminación y a la seguridad social –en su vertiente de servicio médico y medicinas de los familiares de los trabajadores–, reconocidos en los artículos 1o. y 123, apartado B, fracción XI, inciso d), constitucionales; y, por ende, deben ser expulsados y/o inaplicados de la esfera jurídica de las personas que impugnen dicho sistema normativo complejo, incluso ex officio.

Justificación: Por una parte, los citados requisitos se basan en las categorías sospechosas de condición socioeconómica, condición de salud y estado civil, respectivamente, sin que superen un test de igualdad en escrutinio estricto, pues no existe ninguna disposición de rango constitucional que establezca como finalidad constitucionalmente importante la de restringir la seguridad social bajo dichas distinciones; y, por otra parte, debido a que la definición de dependencia económica total, plena y legal, contenida en el sistema normativo en cuestión, es contraria a una dependencia económica, al menos, parcial y de facto, la cual fue validada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 91/2018. De ahí que al expulsar y/o inaplicar dichos requisitos y definición legal de la esfera jurídica de las personas que impugnen dicho sistema normativo complejo, incluso ex officio, la autoridad en ningún momento podrá exigir como requisito, ni como prueba en el procedimiento relativo a la solicitud de afiliación, ningún tema relativo a la condición de salud, estado civil (matrimonio, viudez, divorcio o ulterior matrimonio) o diversa protección de seguridad social del pretenso beneficiario.

PLENO DEL DECIMOSÉPTIMO CIRCUITO.