SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. SU NEGATIVA CONSTITUYE UNA AFECTACIÓN AL DERECHO DE LIBERTAD PERSONAL CUANDO LA PERSONA IMPUTADA SE ENCUENTRA SUJETA A ALGUNA MEDIDA QUE AFECTA A ÉSTA, POR LO QUE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO NO ES NECESARIO QUE AGOTE EL RECURSO DE APELACIÓN CONFORME A LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO.

Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito analizaron la negativa de la suspensión condicional del proceso para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, específicamente, en relación con el principio de definitividad. Uno de los tribunales determinó que esta medida no afectaba la libertad personal del imputado, por lo que para acudir al juicio de amparo debía agotar el recurso de apelación; de modo que, al no hacerlo, tuvo por actualizada la improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El otro tribunal determinó, en cambio, que la negativa de suspensión condicional del proceso sí afectaba la libertad personal del imputado, por lo que debía situarse en el supuesto de excepción establecido en el inciso b) de dicho precepto que lo exenta de agotar recursos ordinarios antes de instar el juicio de amparo.

Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la negativa sobre la suspensión condicional del proceso constituye una afectación al derecho de libertad personal cuando la persona imputada se encuentra sujeta a alguna medida que afecta a ésta. Así, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, la persona imputada se sitúa en el supuesto de excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo; de modo que puede optar por agotar el recurso de apelación establecido en el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales o, bien, instar el juicio de amparo.

Justificación: Este Alto Tribunal ha establecido que la procedencia del juicio de amparo indirecto debe ser flexible para la tutela constitucional de actos que afecten la libertad personal. Por ello, el amparo indirecto no sólo es procedente contra actos que restringen materialmente la libertad de la persona imputada, sino todos aquellos que no permiten que goce de su libertad de forma absoluta. Esto es así, porque el derecho de libertad personal en el proceso penal no sólo se afecta a través de actos de la autoridad que tienen como consecuencia la detención de la persona imputada o su ingreso a prisión, sino de todas aquellas medidas que pueden derivar del proceso penal y que restrinjan aquélla, tales como su presentación periódica ante la autoridad, la prohibición de salir de un determinado ámbito territorial, el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares, la prohibición de acercarse o comunicarse con determinadas personas, la separación inmediata del domicilio, la colocación de localizadores electrónicos, el resguardo en su propio domicilio o, bien, la prisión preventiva. Luego, si precisamente la negativa de la suspensión condicional del proceso tiene por consecuencia que la persona imputada mantenga alguna de esas medidas restrictivas de su libertad, queda claro para esta Sala que dicha negativa limita su libertad personal; incluso, porque los efectos de la concesión de dicha suspensión conllevarían la extinción de la acción penal en términos del artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que significa que se sobreseería la causa penal y que a la persona imputada le serían eliminadas dichas medidas. En esas condiciones, respecto a la negativa de la suspensión condicional del proceso penal, la persona imputada puede decidir si agota o no el recurso de apelación antes de acudir al juicio de amparo indirecto, pues de tener medidas restrictivas de su libertad personal debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, que exceptúa la exigencia de agotar dicho recurso ordinario conforme al principio de definitividad en la materia.