VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES DEL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA PARA REVOCAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y REPONER EL PROCEDIMIENTO, SI EN EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN OBRA ENTRE LA INTERLOCUTORIA RECURRIDA Y LAS EVIDENCIAS CRIPTOGRÁFICAS DE LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS DE LA PERSONA JUZGADORA Y DEL SECRETARIO DE JUZGADO, EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AQUÉLLA.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios discrepantes al resolver recursos de revisión interpuestos contra las interlocutorias que decidieron sobre la suspensión definitiva firmadas con el uso de medios tecnológicos, pues entre las resoluciones recurridas y las evidencias criptográficas generadas por el Juez y el secretario obraban los oficios que las comunicaban. Mientras que uno estimó transgredidas las reglas del procedimiento y ordenó su reposición al considerar inválida la resolución recurrida, el otro determinó que la incorporación de los oficios es una mala práctica jurisdiccional, pero no amerita la reposición del procedimiento del juicio de amparo.

Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, determina que la incorporación de los oficios de notificación de la interlocutoria entre la sentencia relativa y las evidencias criptográficas de las firmas electrónicas de la persona juzgadora y del secretario de juzgado, no es una violación procesal de trascendencia superior que amerite revocar la interlocutoria recurrida y ordenar la reposición del procedimiento en el incidente de suspensión, porque no afecta de manera directa algún derecho en grado predominante que acarree alguna consecuencia jurídica grave o sustancial que deba enmendarse, pues el hecho de que el oficio se haya agregado de esa forma no implica la falta de firma de la interlocutoria, no altera o modifica la litis en el recurso de revisión incidental, ni nulifica la interlocutoria.

Justificación: La fracción IV del artículo 93 de la Ley de Amparo dispone que si se violan las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo debe revocarse la resolución recurrida y reponerse el procedimiento, siempre y cuando las violaciones trasciendan al resultado del fallo. Luego, la incorporación de los oficios de notificación de la interlocutoria entre la sentencia relativa y las evidencias criptográficas de las firmas electrónicas de la persona juzgadora y del secretario de juzgado en el incidente de suspensión del juicio de amparo, no implica alterar o modificar la litis en el recurso de revisión ni provoca estado de indefensión, pues no se generó desequilibrio procesal o se le impidió ejercer algún derecho adjetivo, como ofrecer pruebas, señalar nuevos actos reclamados o autoridades responsables, ampliar la demanda de amparo o interponer medios de defensa. Tampoco nulifica la sentencia interlocutoria, pues no puede considerarse que las evidencias criptográficas que obran en la parte final sean de los oficios y no de la sentencia, ya que de acuerdo con las formalidades de las resoluciones judiciales previstas en el código adjetivo civil supletorio a la ley de la materia, consistentes en la obligación legal de la firma a cargo del Juez que la emite y del secretario que da fe, se refieren a decretos, autos o sentencias, no a oficios. Además, si un solo documento fue firmado electrónicamente por el secretario y el Juez, y en él se contenía la sentencia interlocutoria, a pesar de que entre ésta y dichas evidencias criptográficas existan oficios intermedios, ello no invalida la resolución por carecer de firma, pues el documento que la contiene, constituido como un todo, sí está firmado. Por el contrario, reponer el procedimiento para el efecto de que se dicte una nueva resolución que resuelva la suspensión definitiva desincorporando el oficio que la notifica retardaría innecesariamente el trámite y la solución del fondo del asunto, trastocándose el principio de celeridad que rige a la suspensión en el juicio de amparo.

PLENO REGIONAL EN MATERIA PENAL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.