ORDEN DE ASEGURAMIENTO O INMOVILIZACIÓN REGISTRAL O CATASTRAL DE BIENES INMUEBLES. COMO TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN MINISTERIAL DEBE SER AUTORIZADA POR UN JUEZ DE CONTROL.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si el aseguramiento o inmovilización registral o catastral de bienes inmuebles, como técnica de investigación ministerial, debe estar precedido de autorización judicial conforme al artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Mientras que uno determinó que no la requiere por ser un acto de molestia y no estar dentro de los supuestos del artículo referido; el otro determinó que vulnera el derecho fundamental de propiedad, por lo que sí requiere control judicial.

Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el aseguramiento o inmovilización registral o catastral de un bien inmueble es un acto que afecta temporalmente el derecho de propiedad, por lo que, como técnica de investigación ministerial, debe estar precedido de autorización judicial, conforme al artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Justificación: El párrafo décimo cuarto del artículo 16 de la Constitución Federal faculta a los Jueces de Control para dictar medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación. El diverso 21 constitucional dispone que corresponde al Ministerio Público investigar delitos y llevar a cabo los actos relativos a través de técnicas de investigación; sin embargo, si éstas conllevan una afectación a derechos fundamentales, es necesaria la intervención de un Juez de Control.La propiedad, como derecho fundamental, puede verse afectada a través de un acto de molestia o de uno definitivo, siendo irrelevante que no sea privativo, pues esa distinción no encuentra sustento en la Constitución, y si bien ésta autoriza afectaciones a derechos fundamentales bajo parámetros de proporcionalidad, lo cierto es que, en materia penal, dichas restricciones requieren de autorización judicial.

PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.