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Modo: Corpus Pro

INTERÉS JURÍDICO EN AMPARO INDIRECTO. LO TIENEN LAS PERSONAS OBLIGADAS AL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL RESPECTO DE INMUEBLES CUYO VALOR CATASTRAL SE UBICA EN ALGUNO DE LOS RANGOS L, M, N, O Y P DE LA TARIFA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 130, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA RECLAMAR EL DIVERSO 132, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO Y LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL POR LAS QUE SE EXPIDIERON LOS LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA RELATIVA.

Clave: PR.A.C.CN. J/62 A (12a.) · Registro digital (IUS): 2032848 · Tipo: Jurisprudencia obligatoria
Época: 12a. Época · Instancia: Plenos Regionales · Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Localización: [J]; 12a. Época; Plenos Regionales; Semanario Judicial de la Federación

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si los sujetos obligados al pago del impuesto predial respecto de inmuebles cuyo valor catastral se ubica en alguno de los rangos mencionados tienen interés jurídico para reclamar el artículo 132, último párrafo, del Código Fiscal de la Ciudad de México, adicionado mediante decreto publicado el 27 de diciembre de 2024, así como las reglas señaladas, publicadas el 18 de febrero de 2025.

Mientras que uno estimó que carecen de interés jurídico porque la presentación de la declaración informativa es optativa, pues sólo persigue fines estadísticos y, ante la omisión de rendirla o de proporcionar documentos, la ley no prevé ninguna sanción, por lo que no afecta la esfera jurídica de las personas quejosas y, por ende, el amparo indirecto es improcedente conforme al artículo 61, fracción XII, en relación con el 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, así como con el 107, fracción I, de la Constitución Federal; el otro consideró que la presentación de la declaración informativa es obligatoria, pues si bien al rendirla pueden manifestar su negativa a compartir información sobre el estado del inmueble, eso no las exenta de cumplir con el deber de rendirla, lo cual actualiza su interés jurídico para reclamarlas en amparo.

Al conocer de la contradicción de criterios, este Pleno Regional fijó como punto a dilucidar el siguiente: ¿Los sujetos obligados al pago del impuesto predial respecto de inmuebles cuyo valor catastral se ubica en alguno de los rangos L, M, N, O y P de la tarifa prevista en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, tienen interés jurídico que haga procedente el amparo indirecto contra el último párrafo del artículo 132 del código citado y las reglas de carácter general por las que se expidieron los lineamientos para la presentación de la declaración informativa a que se refiere dicha porción normativa?

Criterio jurídico: Los sujetos obligados al pago del impuesto predial respecto de los inmuebles cuyo valor catastral se ubique en alguno de los rangos mencionados tienen interés jurídico para reclamar las normas generales en materia de declaraciones informativas precisadas y, por ende, procede el amparo indirecto que promuevan en su contra.

Justificación: Del análisis literal del último párrafo del aludido artículo 132 deriva una obligación de hacer consistente en presentar una declaración informativa implementada con el propósito de recabar datos sobre inmuebles destinados a uso habitacional, en cuanto a su ocupación, a fin de actualizar el padrón catastral de la entidad. Ese deber se estableció específicamente a cargo de los sujetos obligados al pago del impuesto predial respecto de inmuebles cuyo valor catastral se ubique en alguno de los rangos L, M, N, O y P de la tarifa prevista en el artículo 130, fracción I, del citado código, quienes acorde con las Reglas de carácter general por las que se expidieron los lineamientos para la presentación de tal declaración informativa, deberán hacerlo anualmente, a más tardar el 30 de junio del ejercicio fiscal correspondiente, en términos del formato anexo a las propias reglas, con la posibilidad de manifestar en éste su negativa a proporcionar la información sobre el estado de los inmuebles respecto a su ocupación, caso en el cual deberán señalar la causa o motivo de ello.

No obstante esta opción, de la exposición de motivos de la porción normativa en examen, así como de la interpretación de dicho precepto, se advierte que la intención del legislador es que deben presentarla. Por ello, la presentación de la declaración de mérito no es optativa, sino obligatoria, y las personas quejosas que acuden al juicio de amparo indirecto con la calidad de sujetos obligados ya precisada, se ubican exactamente en el supuesto normativo que tales disposiciones prevén, las cuales, desde su entrada en vigor, tienen efectos que afectan su esfera jurídica, en tanto que sin necesidad de un acto de aplicación crean a su cargo el deber de presentarla.

En consecuencia, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, así como con el 107, fracción I, de la Constitución Federal, por lo que el juicio de amparo instado por aquéllos es procedente.

PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-NORTE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/jurisprudencia/2032848-1463491d/interes-juridico-en-amparo-indirecto-lo-tienen-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta tesis en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes

Contradicción de criterios 102/2026. Entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Quinto y Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 27 de agosto de 2026. Unanimidad de votos de las Magistradas Mayra Sandoval Mendoza, Virginia Pétriz Herrera y Mónica Saloma Palacios. Ponente: Mayra Sandoval Mendoza. Secretaria: Tania Alvarez Escorza. Tesis y/o criterios contendientes: El sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 28/2026, y el diverso sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 67/2026.

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