SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 65, FRACCIÓN XL, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, RELATIVA AL NOMBRE Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS EX SERVIDORAS PÚBLICAS JUBILADAS Y PENSIONADAS.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede la suspensión provisional contra la inclusión y permanencia del nombre de diversas personas en una lista publicada en la página de Internet de Transparencia para el Pueblo del Gobierno de México, en la que se les identifica como ex servidoras públicas beneficiarias de una pensión, prevista en el artículo 65, fracción XL, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la difusión de sus datos personales y percepciones económicas, en específico el nombre y apellidos. Mientras que dos la negaron al estimar que se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, porque la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 605/2024, en el que estudió la constitucionalidad del artículo 70, fracción XLII, de la referida ley general, abrogada, de contenido similar al 65, fracción XL, citado, sostuvo que dicha información debe ser pública, pues su transparencia abona a la rendición de cuentas de los sujetos obligados en materia de acceso a la información pública y al combate a la corrupción; los otros dos consideraron que sí procede, con base en la tesis jurisprudencial 2a./J. 4/2025 (11a.) de la extinta Segunda Sala del Alto Tribunal, porque si bien existe un interés constitucional relevante de garantizar el acceso a la información y transparencia respecto del ejercicio de los recursos públicos, ese derecho no tiene el carácter de absoluto, debiendo armonizarse con la protección a los datos personales y el derecho a la privacidad.

Al conocer de la contradicción de criterios, este Pleno Regional fijó como punto a dilucidar el siguiente: ¿La concesión de la suspensión provisional respecto de la publicación, en cumplimiento a obligaciones en materia de transparencia, de la información relativa a la pensión que percibe una persona ex servidora pública, en cuanto al nombre y apellidos, constituye un acto que afecta el interés social y contraviene disposiciones de orden público, en virtud de que dicha información debe ser de carácter público al contribuir a la rendición de cuentas del Estado y al combate a la corrupción, así como por vulnerar diversas disposiciones en materia de acceso a la información, tanto de rango constitucional como legal?

Criterio jurídico: Es improcedente la suspensión provisional contra la inclusión y permanencia del nombre y apellidos en una lista publicada en la página de Internet de Transparencia para el Pueblo del Gobierno de México, en la que se identifica a las personas ex servidoras públicas beneficiarias de una pensión, ya que con su concesión se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público.

Justificación: Lo resuelto en el amparo en revisión 605/2024 y en la tesis jurisprudencial 2a./J. 4/2025 (11a.) se complementa. En el primero, se estimó correcto que se publique el nombre y el monto recibido por la persona pensionada o jubilada, en términos del principio de transparencia previsto en el artículo 6o. de la Constitución Federal, lo que permite el escrutinio ciudadano sobre el ejercicio del gasto público, reduce la opacidad y contribuye a evitar conductas irregulares en atención al principio de máxima publicidad y, por lo tanto, existe un menor riesgo de corrupción, por lo que no viola el derecho de protección a los datos personales. En la segunda, se sostuvo que la autoridad administrativa debe ponderar si para la finalidad que tiene la publicación de la lista señalada es necesario que se divulgue el nombre de la persona que ejerce la oposición, o si puede suprimirse sin que ello repercuta en la transparencia del destino de los recursos públicos.

La información que debe difundirse conforme al indicado artículo 65, fracción XL, tiene como parámetro mínimo que se publique el listado de personas jubiladas y pensionadas, así como el monto que reciben, lo cual inicialmente está justificado.

Del análisis inicial y provisional de dicha información se considera que no se invade la privacidad de dichas personas con su publicación, toda vez que desde antes de adquirir la calidad de pensionadas y jubiladas ya se difundían su nombre y sus ingresos como servidoras públicas. Además, el artículo 6o., párrafo segundo y apartado A, fracción I, constitucional prevé que: 1) toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna; 2) para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los principios y bases de que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos, es pública y su información sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes; y 3) en la interpretación del derecho de acceso a la información deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Por ello, la reserva de la información personal y el derecho a la privacidad no son irrestrictos cuando se trata de personas ex servidoras públicas.

En consecuencia, al ponderar los efectos de la suspensión provisional solicitada frente al interés social y a las disposiciones de orden público, deriva que su concesión causaría un daño significativo a la colectividad al privar a la sociedad del beneficio que ordinariamente le corresponde de conocer de forma constante los datos mínimos de nombres y apellidos de esas personas, así como los montos que reciben por concepto de pensión y jubilación respecto de los recursos públicos destinados para ello, máxime que la difusión de esos datos produciría mayor beneficio a la sociedad que los daños que pudieran provocarse con su divulgación, pues existe una preocupación respecto al combate a la corrupción, por lo que debe privilegiarse su transparencia y difusión.

PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-NORTE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO