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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PARA EJERCER ACTIVIDADES EN CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA O DE LAS FUERZAS ARMADAS. VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS (ARTÍCULO 426, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS).

Clave: P./J. 228/2026 (12a.) · Registro digital (IUS): 2032921 · Tipo: Jurisprudencia obligatoria
Época: 12a. Época · Instancia: Pleno · Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Localización: [J]; 12a. Época; Pleno; Semanario Judicial de la Federación

Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad contra el mencionado precepto, reformado el 28 de marzo de 2025, que establece la sanción de suspensión del derecho para ejercer actividades en corporaciones de seguridad pública o de las fuerzas armadas, cuando el delito de extorsión se cometa por personas servidoras públicas o por integrantes de corporaciones de esa naturaleza.

Argumentó que vulnera los principios de seguridad jurídica, taxatividad y proporcionalidad de las penas, pues establece una sanción que no permite identificar su duración, ni criterios claros para graduar su imposición.

Criterio jurídico: La suspensión del derecho para ejercer actividades en corporaciones de seguridad pública o de las fuerzas armadas aplicable a las personas servidoras públicas o integrantes de corporaciones de esa naturaleza, responsables del delito de extorsión, prevista en el artículo 426, párrafo segundo, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas vulnera el principio de proporcionalidad de las penas contenido en el diverso 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no establece límites mínimos y máximos para su imposición.

Justificación: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la potestad legislativa en materia penal se encuentra limitada por los principios de proporcionalidad y razonabilidad, de modo que las penas no pueden resultar excesivas ni vulnerar la dignidad humana. Es decir, la persona legisladora está sujeta a los límites fijados en la Constitución Política del país, especialmente en torno al principio de proporcionalidad de las penas derivado de su artículo 22.

En el artículo citado se prevé que cuando el delito de extorsión sea cometido por personas servidoras públicas o integrantes de corporaciones de seguridad pública o de las fuerzas armadas, se les sancionará adicionalmente con la suspensión del derecho para ejercer actividades en corporaciones de la misma naturaleza.

Sin embargo, no establece el tiempo máximo o mínimo que puede durar el plazo de la pena de suspensión, ni fija criterios que orienten su imposición proporcional y razonable, por lo que impide que las personas juzgadoras la individualicen a partir de considerar elementos relevantes para determinarla, como la gravedad del delito, la culpabilidad de quien lo realizó o las circunstancias en que lo hizo, lo cual vulnera el principio de proporcionalidad de las penas.

PLENO.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/jurisprudencia/2032921-82f6abc9/suspension-para-ejercer-actividades-en-corporaciones-de-seguridad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta tesis en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes

Acción de inconstitucionalidad 55/2025. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 9 de marzo de 2026. Mayoría de siete votos de las personas Ministras Sara Irene Herrerías Guerra, Irving Espinosa Betanzo, María Estela Ríos González, Loretta Ortiz Ahlf, con consideraciones adicionales, Giovanni Azael Figueroa Mejía, con reservas en relación con el criterio híbrido, Arístides Rodrigo Guerrero García y Presidente Hugo Aguilar Ortiz, quien se separó de los párrafos 32, 33 y 34. Disidentes: Yasmín Esquivel Mossa, quien anunció voto particular y Lenia Batres Guadarrama, quien formuló voto particular. Ponente: Arístides Rodrigo Guerrero García. Secretario: Edwin Antony Pazol Rodríguez. El Comité de Revisión, Aprobación y Numeración de Tesis, en sesión de veintinueve de octubre de dos mil veintiséis, y las personas ministras que integran el Pleno de este Tribunal, aprobaron, con el número 228/2026 (12a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México a once de noviembre de dos mil veintiséis.

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