Corpus
Modo: Corpus Pro

CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO CIVIL.

Clave: II.2o. J/6 · Registro digital (IUS): 216521 · Tipo: Jurisprudencia obligatoria
Época: 8a. Época · Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito · Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Localización: [J]; 8a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Núm. 64, Abril de 1993; Pág. 33

Si el quejoso en amparo directo en materia civil no ataca los argumentos torales en que la autoridad responsable apoyó el fallo reclamado, los conceptos de violación resultan inoperantes y así, el Tribunal Federal no esta en aptitud de entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, en atención a que el amparo civil es de estricto derecho.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/jurisprudencia/216521-a3bcf11f/conceptos-de-violacion-inoperantes-en-el-amparo-directo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta tesis en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes

Amparo directo 31/89. Jesús Calva Cruz. 31 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Secretaria: Ma. Elena Solórzano Avila. Amparo directo 935/88. María del Refugio Vallejo viuda de Mondragón. 12 de abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: María del Rocio F. Ortega Gómez. Amparo directo 911/92. Alejandra Flores Hernández. 14 de enero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Vega Sánchez. Secretaria: Yolanda Leyva Zetina. Amparo directo 949/92. Guadalupe Amaro Rodríguez. 19 de enero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Secretario: Nicolás Castillo Martínez. Amparo directo 935/92. Juan Manuel Morales Sánchez. 21 de enero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Vega Sánchez. Secretaria: Luisa García Romero. Nota: La presente tesis no fue reiterada como vigente para los efectos de la publicación del Apéndice 1917-1995, según los acuerdos a que llegó la Comisión encargada de su integración, quedando a salvo las atribuciones de los órganos judiciales federales para aplicarla, reiterarla, interrumpirla o modificarla en los términos que establecen las disposiciones constitucionales y legales.

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