COOPERACIÓN. LEY DE PLANEACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN CONTRA DE LA MISMA, POR EL COBRO DEL DERECHO PARA OBRAS PÚBLICAS-[TESIS HISTÓRICA].-

Los preceptos que integran la ley contenida en el Decreto número 131 de fecha 22 de noviembre de 1958, constituyen un ordenamiento que se concreta: a expresar el significado en su denominación genérica, a decretar de utilidad pública la planeación económica y social de esa Entidad Federativa, a establecer las bases para llevarla a cabo, a señalar las obras que comprenderá y a crear los órganos correspondientes para tales efectos. Así, por más que su artículo 2o. estatuya que dicha ley y las que la reglamentan son obligatorias para gobernantes y gobernados, en ninguno de los preceptos que la integran establece derecho de cooperación en lo general ni para determinada obra, ni tampoco impuesto o cuota de ninguna especie a cargo de los particulares; en cambio, en su artículo 3o. transitorio, se prescribe que "las materias relacionadas con el plano regulador, obras materiales, expropiaciones, créditos y empréstitos, cooperación y plusvalía, se regularán por las leyes respectivas", entre las cuales se encuentra la Ley de Planeación Urbanística y su Reglamento. En tal concepto, lógica y jurídicamente se infiere que la expedición, promulgación y publicación de la Ley de Planeación General a que se refiere esta tesis, no afecta los intereses jurídicos de los particulares, configurándose la causal de improcedencia y el motivo de sobreseimiento previstos, respectivamente, por los artículos 73, fracción V, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo.