Constitución Política del Estado de Yucatán
Artículo 43 Bis
Vigencia verificada: 7 de noviembre de 2026, contra la fuente oficial — ver la publicación oficial
Artículo 43 Bis.- La Auditoría Superior del Estado es un órgano con autonomía
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técnica, presupuestal y de gestión para el ejercicio de sus atribuciones, así como
para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones en los
términos que disponga la ley.
La función de fiscalización se realizará conforme a los principios de legalidad,
imparcialidad y confiabilidad.
La Auditoría Superior del Estado podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir
del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las
observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la
información definitiva presentada en la cuenta pública.
Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías,
la Auditoría Superior del Estado podrá solicitar información del ejercicio en curso,
respecto de procesos concluidos.
La Auditoría Superior del Estado tendrá a su cargo:
I.- Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda pública; el
manejo, la custodia y la aplicación de los fondos y recursos públicos estatales y
municipales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento
de los objetivos contenidos en los programas estatales y municipales, a través de
los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley.
En el caso de que el estado y sus municipios celebren empréstitos y
obligaciones de pago con independencia del origen de los recursos afectados
como garantía, la Auditoría Superior del Estado podrá fiscalizar el destino y
ejercicio de los recursos correspondientes. Asimismo, fiscalizará los recursos
estatales y municipales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad,
persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos
y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad
con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia
de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.
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Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar
el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos del
estado y los municipios que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los
criterios que establezca la ley.
La Auditoria Superior del Estado podrá solicitar y revisar, de manera
casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la cuenta pública
en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales,
abierta nuevamente la cuenta pública del ejercicio al que pertenece la información
solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación,
contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago
diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los
objetivos de los programas. Las observaciones y recomendaciones que,
respectivamente, la Auditoría Superior del Estado emita, solo podrán referirse al
ejercicio de los recursos públicos de la cuenta pública en revisión.
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones y
términos que determine la ley, derivado de denuncias, la Auditoría Superior del
Estado, previa autorización del titular podrá revisar durante el ejercicio fiscal en
curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Las
entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la
revisión, en los plazos y términos señalados por la ley y, en caso de
incumplimiento, serán aplicables las sanciones que en esta se prevean. La
Auditoría Superior del Estado rendirá un informe específico y detallado al Congreso
y, en su caso, remitirá el expediente y promoverá las acciones que correspondan
ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción o a las autoridades competentes.
II.- Entregar al Congreso el último día hábil de los meses de junio y octubre,
así como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la cuenta
pública, los informes individuales de auditoría que concluya durante el periodo
respectivo. Asimismo, en esta última fecha, deberá entregar el Informe General
Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la cuenta pública estatal, el
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cual se someterá a la consideración del Pleno del Co ngreso. El informe general
ejecutivo y los informes individuales serán de carácter público y tendrán el
contenido que determine la ley; estos últimos incluirán como mínimo el dictamen
de su revisión, un apartado específico con las observaciones de la Auditoría
Superior del Estado, así como las justificaciones y aclaraciones que, en su caso,
las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre estas.
Para tal efecto, de manera previa a la presentación del informe general
ejecutivo y de los informes individuales de auditoría, se darán a conocer a las
entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su
revisión, para que estas presenten las justificaciones y aclaraciones que
correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la Auditoría Superior del
Estado para la elaboración de los informes individuales de auditoría.
El titular de la Auditoría Superior del Estado enviará a las entidades
fiscalizadas los informes individuales de auditoría que les corresponda, a más
tardar a los diez días hábiles posteriores a que haya sido entregado el informe
individual de auditoría respectivo al Congreso, los cuales contendrán las
recomendaciones y acciones que correspondan para que, en un plazo de hasta
treinta días hábiles, presenten la información y re alicen las consideraciones que
estimen pertinentes; en caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones
establecidas en ley. Lo anterior, no aplicará a las promociones de
responsabilidades ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Est ado de
Yucatán, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la
ley.
La Auditoría Superior del Estado deberá pronunciarse en un plazo de ciento
veinte días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas,
en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones
promovidas.
En el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán
precisar ante la Auditoría Superior del Estado las mejoras realizadas, las acciones
emprendidas o, en su caso, justificar su improcedencia.
52
La Auditoría Superior del Estado deberá entregar al Congreso, el primer día
hábil de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la
situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones
promovidas, correspondientes a cada uno de los informes individuales de auditoría
que haya presentado en los términos de esta fracción. En dicho informe, el cual
tendrá carácter público, la Auditoría incluirá los montos efectivamente resarcidos a
la Hacienda Pública federal, estatal o municipal, según sea el caso, o al patrimonio
de los entes públicos, como consecuencia de sus acciones de fiscalización, así
como las denuncias penales presentadas y los procedimientos iniciados ante el
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán.
La Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones
y observaciones hasta que rinda los informes individuales de auditoría y el Informe
General Ejecutivo al Congreso a que se refiere esta fracción; la ley establecerá las
sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición.
III.- Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o
conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y
recursos estatales y municipales, y efectuar visitas domiciliarias, para solicitar la
exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus
investigaciones, sujetándose a las leyes ya las formalidades establecidas para los
cateos.
IV.- Promover y denunciar, derivado de sus investigaciones, las
responsabilidades administrativas o penales que sean procedentes ante el Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán y la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción, para la imposición de las sanciones que correspondan a
los servidores públicos ya los particulares.
El Congreso del estado designará al Auditor Superior del Estado por el voto de las
dos terceras partes de sus miembros integrantes. La ley en la materia determinará
el procedimiento para su designación. El Auditor Superior del Estado será electo
para desempeñar su cargo por ocho años y podrá ser reelecto por una sola vez.
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Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con
la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a
los procedimientos previstos en el título décimo de esta Constitución.
Se deroga.
Los servidores públicos estatales y municipales, así como cualquier entidad,
persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier
otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos estatales o municipales
deberán proporcionar la información, documentación y auxilios que soliciten la
Auditoría Superior del Estado, de conformidad con los procedimientos establecidos
en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los
derechos de los usuarios del sistema financiero. En caso de no proporcionar la
información, los responsables serán sancionados en los términos que establezca la
ley.
Fuente oficial: consultar publicación
Jurisprudencia y tesis sobre este artículo
- FUERZA PÚBLICA. LA OMISIÓN DE SU AUXILIO OPORTUNO PARA CUMPLIMENTAR LAS DECISIONES JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, IMPLICA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL EST (1025)
- FUERZA PÚBLICA. LA OMISIÓN DE SU AUXILIO OPORTUNO PARA CUMPLIMENTAR LAS DECISIONES JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, IMPLICA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL EST (XIV.2o. J/21)
- FUERZA PÚBLICA. LA OMISIÓN DE SU AUXILIO OPORTUNO PARA CUMPLIMENTAR LAS DECISIONES JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, IMPLICA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL EST (558)
- MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. PARA CONSIDERAR SATISFECHO EL REQUISITO PREVISTO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 59 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA (III.5o.A.48 A (10a.))
- PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO. AL EJERCER SU FACULTAD PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONT (2a. XII/2006)
Versiones anteriores de este artículo
Histórico legislativo: se muestra para consulta, no forma parte de la búsqueda del texto vigente.
Texto anterior a la reforma (cambio detectado en la fuente oficial el 2026-09-09)
La Auditoria Superior del Estado es un órgano con autonomía
técnica, presupuestal y de gestión para el ejercicio de sus atribuciones, así como
para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones en los
términos que disponga la ley. El presupuesto de la Auditoria Superior del Estado
no podrá ser disminuido respecto al del año inmediato anterior y se fijará
anualmente y se incrementará anualmente, al menos, conforme al resultado de la
inflación general anual registrada para el mes de diciembre del año anterior,
publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en la primera
quincena del mes de enero del año de su elaboración, sin exceder del 5% del
H. Congreso del Estado de Yucatán
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presupuesto total asignado en el año anterior.
Párrafo reformado D.O. 26-06-2024
La función de fiscalización se realizará conforme a los principios de
legalidad, imparcialidad y confiabilidad.
La Auditoría Superior del Estado podrá iniciar el proceso de fiscalización a
partir del primer día hábil del ejercicio fiscal sig uiente, sin perjuicio de que las
observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la
información definitiva presentada en la cuenta pública.
Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las
auditorías, la Auditoría Superior del Estado podrá solicitar información del ejercicio
en curso, respecto de procesos concluidos.
La Auditoría Superior del Estado tendrá a su cargo:
I.- Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda pública; el
manejo, la cu stodia y la aplicación de los fondos y recursos públicos estatales y
municipales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento
de los objetivos contenidos en los programas estatales y municipales, a través de
los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley.
En el caso de que el estado y sus municipios celebren empréstitos y
obligaciones de pago con independencia del origen de los recursos afectados
como garantía, la Auditoría Superior del Estado podrá fiscalizar el de stino y
ejercicio de los recursos correspondientes. Asimismo, fiscalizará los recursos
estatales y municipales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad,
persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos
y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad
H. Congreso del Estado de Yucatán
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con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia
de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.
Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar
el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos del
estado y los municipios que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los
criterios que establezca la ley.
La Auditoria Superior del Estado podrá solicitar y revisar, de manera
casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la cuenta pública
en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales,
abierta nuevamente la cuenta pública del ejercicio al que pertenece la información
solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación,
contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago
diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los
objetivos de los programas. Las observaciones y recomendaciones que,
respectivamente, la Auditoría Superior del Estado emita, solo podrán referirse al
ejercicio de los recursos públicos de la cuenta pública en revisión.
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones y
términos que determine la ley, derivado de denuncias, la Auditoría Superior del
Estado, previa autorización del titular podrá revisar durante el ejercicio fiscal en
curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Las
entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la
revisión, en los plazos y términos señalados por la ley y, en caso de
incumplimiento, serán aplicables las san ciones que en esta se prevean. La
Auditoría Superior del Estado rendirá un informe específico y detallado al
Congreso y, en su caso, remitirá el expediente y promoverá las acciones que
correspondan ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, la
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Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o a las autoridades
competentes.
Párrafo reformado DO 14-11-2019
II.- Entregar al Congreso el último día hábil de los meses de junio y octubre,
así como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la cuenta
pública, los informes individuales de auditoría que concluya durante el periodo
respectivo. Asimismo, en esta última fecha, deberá entregar el Informe General
Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la cuenta pública estatal, el
cual se someterá a la consideración del Pleno del Congreso. El informe general
ejecutivo y los informes individuales serán de carácter público y tendrán el
contenido que determine la ley; estos últimos incluirán como mínimo el dictamen
de su revisión, un apartado específico con las observaciones de la Auditoría
Superior del Estado, así como las justificaciones y aclaraciones que, en su caso,
las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre estas.
Para tal efecto, de manera previa a la presentación del informe general
ejecutivo y de los informes individuales de auditoría, se darán a conocer a las
entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su
revisión, para que estas presenten las justificaciones y aclaraciones que
correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la Auditoría Superior del
Estado para la elaboración de los informes individuales de auditoría.
El titular de la Auditoría Superior del Estado enviará a las entidades
fiscalizadas los informes individuales de auditoría que les corresponda, a más
tardar a los diez días hábiles posteriores a que haya sido entregado el informe
individual de auditoría respectivo al Congreso, los cuales contendrán las
recomendaciones y acciones que correspondan para que, en un plazo de hasta
treinta días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que
estimen pertinentes; en caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones
H. Congreso del Estado de Yucatán
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establecidas en ley. Lo anterior, no aplicará a las promociones de
responsabilidades ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Yucatán, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la
ley.
La Auditoría Superior del Estado deberá pronunciarse en un plazo de ciento
veinte días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en
caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones
promovidas.
En el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán
precisar ante la Auditoría Superior del Estado las mejoras realizadas, las acciones
emprendidas o, en su caso, justificar su improcedencia.
La Auditoría Superior del Estado deberá entregar al Congreso, el primer día
hábil de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la
situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones
promovidas, correspondientes a cada uno de los informes individuales de auditoría
que haya presentado en los términos de esta fracción. En dicho informe, el cual
tendrá carácter público, la Auditoría incluirá los montos efectivamente resarcidos a
la Hacienda Pública federal, estatal o municipal, según sea el caso, o al patrimonio
de los entes públicos, como consecuencia de sus acciones de fiscalización, así
como las denuncias penales presenta das y los procedimientos iniciados ante el
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán.
La Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones
y observaciones hasta que rinda los informes individuales de auditoría y el Informe
General Ejecutivo al Congreso a que se refiere esta fracción; la ley establecerá las
sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición.
H. Congreso del Estado de Yucatán
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III.- Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o
conducta ilícita en el ingres o, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y
recursos estatales y municipales, y efectuar visitas domiciliarias, para solicitar la
exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus
investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los
cateos.
IV.- Promover y denunciar, derivado de sus investigaciones, las
responsabilidades administrativas o penales que sean procedentes ante el
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán y la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de las sanciones
que correspondan a los servidores públicos y a los particulares.
Fracción reformado DO 14-11-2019
El Congreso del estado designará al Auditor Superior del Estado por el voto
de las dos terceras partes de sus miembros integrantes. La ley en la materia
determinará el procedimiento para su designación. El Auditor Superior del Estado
será electo para desempeñar su cargo por ocho años y podrá ser reelecto por una
sola vez. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley
señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y
conforme a los procedimientos previstos en el título décimo de esta Constitución.
Se deroga.
Párrafo reformado DO 13-03-2020/ derogado 04-07-2025
Los servidores públicos estatales y municipales, así como cualquier entidad,
persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o
cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos estatales o
municipales deberán proporcionar la información, documentación y auxilios que
soliciten la Auditoría Superior del Estado, de conformidad con los procedimientos
H. Congreso del Estado de Yucatán
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establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y
de los derechos de los usuarios del sistema financiero. En caso de no
proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los términos
que establezca la ley.
Artículo 43 Ter. -
Texto anterior a la reforma (reforma publicada en el DOF el 2026-09-04)
Artículo 43 Bis.- La Auditoría Superior del Estado es un órgano con autonomía
técnica, presupuestal y de gestión para el ejercicio de sus atribuciones, así como
para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y r esoluciones en los
términos que disponga la ley.
La función de fiscalización se realizará conforme a los principios de legalidad,
imparcialidad y confiabilidad.
La Auditoría Superior del Estado podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir
del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las
observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la
49
información definitiva presentada en la cuenta pública.
Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías,
la Auditoría Superior del Estado podrá solicitar información del ejercicio en curso,
respecto de procesos concluidos.
La Auditoría Superior del Estado tendrá a su cargo:
I.- Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda pública; el
manejo, la custodia y la aplicación de los fondos y recursos públicos estatales y
municipales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento
de los objetivos contenidos en los programas estatales y municipales, a través de
los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley.
En el caso de que el estado y sus municipios celebren empréstitos y
obligaciones de pago con independencia del origen de los recursos afectados
como garantía, la Auditoría Superior del Estado podrá fiscalizar el destino y
ejercicio de los recursos correspondientes. Asimismo, fiscalizará los recursos
estatales y municipales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad,
persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos
y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad
con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia
de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.
Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar
el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos del
estado y los municipios que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los
criterios que establezca la ley.
La Auditoria Superior del Estado podrá solicitar y r evisar, de manera
casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la cuenta pública
en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales,
abierta nuevamente la cuenta pública del ejercicio al que pertenece la información
solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación,
contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago
50
diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los
objetivos de los programas. Las observaciones y rec omendaciones que,
respectivamente, la Auditoría Superior del Estado emita, solo podrán referirse al
ejercicio de los recursos públicos de la cuenta pública en revisión.
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones y
términos que determine la ley, derivado de denuncias, la Auditoría Superior del
Estado, previa autorización del titular podrá revisar durante el ejercicio fiscal en
curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Las
entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la
revisión, en los plazos y términos señalados por la ley y, en caso de
incumplimiento, serán aplicables las sanciones que en esta se prevean. La
Auditoría Superior del Estado rendirá un informe específico y detallado al Congreso
y, en su caso, remitirá el expediente y promoverá las acciones que correspondan
ante el Tribunal de Justicia Admin istrativa del Estado de Yucatán, la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción o a las autoridades competentes.
II.- Entregar al Congreso el último día hábil de los meses de junio y octubre,
así como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la cuenta
pública, los informes individuales de auditoría que concluya durante el periodo
respectivo. Asimismo, en esta última fecha, deberá entregar el Informe General
Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la cuenta pública estatal, el
cual se someterá a la consideración del Pleno del Co ngreso. El informe general
ejecutivo y los informes individuales serán de carácter público y t endrán el
contenido que determine la ley; estos últimos incluirán como mínimo el dictamen
de su revisión, un apartado específico con las observaciones de la A uditoría
Superior del Estado, así como las justificaciones y aclaraciones que, en su caso,
las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre estas.
Para tal efecto, de manera previa a la presentación del informe general
ejecutivo y de los informes individuales de auditoría, se darán a conocer a las
entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su
revisión, para que estas presenten las justificaciones y aclaraciones que
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correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la Auditoría Superior del
Estado para la elaboración de los informes individuales de auditoría.
El titular de la Auditoría Superior del Estado enviará a las entidades
fiscalizadas los informes i ndividuales de auditoría que les corresponda, a más
tardar a los diez días hábiles posteriores a que haya sido entregado el informe
individual de auditoría respectivo al Congreso, los cuales contendrán las
recomendaciones y acciones que correspondan para que, en un plazo de hasta
treinta días hábiles, presenten la información y re alicen las consideraciones que
estimen pertinentes; en caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones
establecidas en ley. Lo anterior, no aplicará a las promociones de
responsabilidades ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Est ado de
Yucatán, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la
ley.
La Auditoría Superior del Estado deberá pronunciarse en un plazo de ciento
veinte días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas,
en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones
promovidas.
En el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán
precisar ante la Auditoría Superior del Estado las mejoras realizadas, las acciones
emprendidas o, en su caso, justificar su improcedencia.
La Auditoría Superior del Estado deberá entregar al Congreso, el primer día
hábil de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la
situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones
promovidas, correspondientes a cada uno de los informes individuales de auditoría
que haya presentado en los términos de esta fracción. En dicho informe, el cual
tendrá carácter público, la Auditoría incluirá los montos efectivamente resarcidos a
la Hacienda Pública federal, estatal o municipal, según sea el caso, o al patrimonio
de los entes públicos, c omo consecuencia de sus acciones de fiscalización, así
como las denuncias penales presentadas y los procedimientos iniciados ante el
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán.
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La Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones
y observaciones hasta que rinda los informes individuales de auditoría y el Informe
General Ejecutivo al Congreso a que se refiere esta fracción; la ley establecerá las
sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición.
III.- Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o
conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y
recursos estatales y municipales, y efectuar visitas domiciliarias, para solicitar la
exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus
investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los
cateos.
IV.- Promover y denunciar, derivado de sus investigaciones, las
responsabilidades administrativas o penales que sean procedentes ante el Tribunal
de Justicia Adminis trativa del Estado de Yucatán y la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción, para la imposición de las sanciones que correspondan a
los servidores públicos y a los particulares.
El Congreso del estado designará al Auditor Superior del Estado por el voto de las
dos terceras partes de sus miembros integrantes. La ley en la materia determinará
el procedimiento para su designación. El Auditor Superior del Estado será electo
para desempeñar su cargo por ocho años y podrá ser reelecto por una sola vez.
Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con
la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a
los procedimientos previstos en el título décimo de esta Constitución.
Se deroga.
Los servidores públicos estatales y municipales, así como cualquier entidad,
persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier
otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos estatales o municipales
deberán proporcionar la información, documentación y auxilios que soliciten la
Auditoría Superior del Estado, de conformidad con los procedimientos establecidos
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en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los
derechos de los usuarios del sistema financiero. En caso de no proporcionar la
información, los responsables serán sancionados en los términos que establezca la
ley.
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