Artículo 72 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas

Artículo 72.- El Poder Judicial, para el ejercicio de sus atribuciones, se deposita en los

órganos siguientes:

I. El Tribunal Superior de Justicia.

II. El Tribunal de Disciplina Judicial.

III. El Órgano de Administración Judicial.

(REFORMA PUBLICADA MEDIANTE P.O. NUM. 135 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026)

La organización y funcionamiento de éstos estarán regulados en la legislación

aplicable del Poder Judicial del Estado de Chiapas y en el reglamento interior que

al efecto se emita.

Corresponde al Poder Judicial garantizar el derecho a que se imparta justicia de

manera pronta, completa, gratuita e imparcial por personas juzgadoras independientes,

responsables y sometidas únicamente al imperio de la ley. Compete a la autoridad

judicial la imposición de las penas, su modificación y duración.

En la impartición de justicia habrá mecanismos alternativos de solución de

controversias respecto de derechos sobre los cuales las personas puedan disponer

libremente, que no resulten contrarios al orden jurídico o al interés público, valiéndose

de la autonomía de la voluntad y la libertad contractual. Para dar cumplimiento a lo

anterior, el Poder Judicial contará con un centro público de mecanismos alternativos de

solución de controversias denominado Centro Estatal de Justicia Alternativa, que

funcionará conforme a la normativa aplicable.

En cualquiera de sus modalidades, la impartición de justicia será pronta, gratuita y

comprometida con el pueblo chiapaneco para preservar el estado de derecho, la paz

social y el orden público.

(REFORMA PUBLICADA MEDIANTE P.O. NUM. 135 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026)

Esta Constitución y la legislación aplicable garantizarán la estabilidad e

independencia de las personas juzgadoras y del personal de carrera judicial en el

ejercicio de sus funciones, así como la plena ejecución de sus resoluciones.

El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Chiapas tiene como fin garantizar el

acceso real y equitativo del derecho a la defensa pública adecuada ya la justicia,

mediante la orientación, asesoría y rep resentación jurídica a la población más

desprotegida del Estado, que no se encuentra en condiciones económicas de atender

por su cuenta los gastos de un proceso jurisdiccional. La Ley de la Defensoría Pública

del Estado de Chiapas regirá lo respectivo a la organización, atribuciones y

funcionamiento del Instituto.

(REFORMA PUBLICADA MEDIANTE P.O. NUM. 135 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026)

La legislación aplicable del Poder Judicial establecerá las bases para la

formación, evaluación, certificación y actualización de funcionarias y

funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá

por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo,

independencia y paridad de género. El Órgano de Administración Jud icial

contará con un órgano denominado Instituto de Formación, Profesionalización y

Carrera Judicial, responsable de diseñar e implementar los procesos de

formación, capacitación, evaluación, certificación y actualización del personal de

carrera judicial y administrativo del Poder Judicial y público en general, así como

de llevar a cabo los concursos de oposición para acceder a las distintas

categorías de la carrera judicial en términos de las disposiciones aplicables.

El Instituto de Formación, Profesion alización y Carrera Judicial, estará a cargo de una

persona que será denominada Directora o Director General, durará en el cargo dos

años, con posibilidad de ser reelecta para un periodo más.

La elección de Juezas, Jueces, Magistradas y Magistrados del Tr ibunal Superior de

Justicia, así como Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial,

atenderá a los procesos que al efecto establezca esta Constitución y la normativa

electoral en el Estado.

El nombramiento de las personas titulares de los Juzgados Municipales, Juzgados de

Paz y Conciliación y Juzgados de Paz y Conciliación Indígena, estará a cargo de la

Presidenta o Presidente del Tribunal Superior de Justicia, de conformidad con la ley

correspondiente. Para el caso de las personas titular es de los Juzgados Municipales,

estas serán designadas a propuesta del Ayuntamiento respectivo.

En el nombramiento de las personas servidoras públicas del Poder Judicial se

observará el principio de paridad de género establecido en esta Constitución.

La remuneración que perciban por sus servicios las Juezas, Jueces, Magistradas,

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; Magistradas y Magistrados del Tribunal

de Disciplina Judicial; las personas integrantes del Pleno del Órgano de Administración

Judicial; y demás personal del Poder Judicial será adecuada e irrenunciable, la cual no

podrá ser mayor a la establecida para la persona titular de la Presidencia de la

República en el presupuesto correspondiente y no podrá ser disminuida durante su

encargo.

Ninguna persona servidora pública del Poder Judicial podrá aceptar o desempeñar otro

empleo, cargo o comisión, salvo los de docencia y los honoríficos en asociaciones

científicas, artísticas o de beneficencia, siempre y cuando no comprometan su horario

ni perjudique el óptimo desempeño de su función. La infracción de este artículo será

castigada con la pérdida del cargo judicial respectivo.

Las personas que hayan ocupado el cargo de Magistrada o Magistrado del Tribunal de

Disciplina Judicial, no podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro,

actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los

órganos del Poder Judicial. Para el caso de Juezas, Jueces, Magistradas y Magistrados

del Tribunal Superior de Justicia, este impedimento aplicará respecto del Distrito

Judicial o Zona Regional donde hayan ejercido su jurisdicción al momento de dejar el

cargo, en los términos que establezca la ley.

Cuando en un Distrito Judicial no exista persona notaría pública, las person as

juzgadoras de primera instancia en materia civil o mixta, podrán actuar como tales por

receptoría.

(REFORMA PUBLICADA MEDIANTE P.O. NUM. 135 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026)

Lo relativo a las licencias, renuncias, ausencias y faltas definitivas del personal

de carrera judicial y administrativo, estarán a lo previsto en la legislación

aplicable del Poder Judicial del Estado de Chiapas.

(SE ADICIONA MEDIANTE P.O. NUM. 135 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026)

La ley garantizará que la postulación y elección de juezas, jueces, Magistradas y

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, así como de Magistradas y

Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, cumplan con los principios de

paridad de género, perspectiva de género e igualdad sustantiva ene l acceso,

integración y ejercicio de las funciones públicas.

(SE ADICIONA MEDIANTE P.O. NUM. 135 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026)

La legislación aplicable establecerá las condiciones para su elección por voto

libre, directo y secreto de la ciudadanía sujetándose estrictamente a las bases,

etapas, procedimientos, términos, modalidades, requisitos, duración de los

cargos y demás disposiciones que resulten aplicables. La evaluación del

desempeño de las personas juzgadoras que resulten electas durante su primer

año de ejercicio, así como de su capacitación y actualización permanente será

por parte del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado.

(REFORMA PUBLICADA MEDIANTE P.O. NUM. 029 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2025)

Capítulo II

Del Tribunal Superior de Justicia

(REFORMA PUBLICADA MEDIANTE P.O. NÚM. 073 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2019)

(REFORMA PUBLICADA MEDIANTE P.O. NUM. 029 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2025)