Artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua

ARTÍCULO 99. Corresponde al Poder Judicial dirimir toda controversia que se suscite con motivo de la

aplicación de la legislación del Estado, y las que se originen, dentro de su territorio, con motivo de leyes del

orden federal, cuando así lo autoricen dichos ordenamientos, sujetándose para ello a los procedimientos que al

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efecto establezcan, así como resolver las cuestiones en que deba intervenir cuando no exista contienda entre

partes.

Las personas juzgadoras y las personas titulares de las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, y las

del Órgano de Administración Judicial, percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá

ser disminuida durante su encargo; y sólo podrán ser destituidas en los casos que determinen esta

Constitución o las leyes. La remuneración que perciban por sus servicios las personas juzgadoras no podrá ser

mayor a la establecida para la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, en el presupuesto correspondiente y

no será disminuida durante su encargo.

Se deroga

Se deroga

En la integración del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, y del Órgano de

Administración Judicial, de los Juzgados y de cualquier cargo dentro del Poder Judicial del Estado, se deberá

garantizar la paridad de género y privilegiarse que la selección para ocupar cargos judiciales recaiga en

personas íntegras e idóneas, que tengan la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas para el cargo,

mediante procesos en los que se valoren objetivamente los conocimientos y méritos de las personas

aspirantes, fundamentalmente su experiencia y capacidad profesionales.

La independencia de las personas juzgadoras en el ejercicio de sus funciones, está garantizada por esta

Constitución y las leyes, las cuales establecerán las condiciones para su elección por voto libre, directo y

secreto de la ciudadanía.

Las propuestas de candidaturas y la elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado se

realizarán conforme a las bases, procedimientos, términos, modalidades y requisitos que señala esta

Constitución, los cuales establecerán mecanismos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos, accesibles y

paritarios de evaluación y selección, que garanticen la participación de personas que cuenten con los

conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad,

buena fama pública, competencia y antecedentes profesionales y académicos en el ejercicio de la

actividad jurídica.

[Artículo reformado en sus párrafos segundo y quinto; adicionado los párrafos sexto y séptimo; y

derogado en los párrafos tercero y cuarto mediante Decreto No. LXVIII/RFCNT/0172/2024 I P.O.

publicado en el P.O.E. No. 103 del 25 de diciembre de 2024]

CAPÍTULO II

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

[Denominación reformada mediante Decreto No. LXV/RFCNT/0301/2017 II P.O. publicado en el P.O.E.

No. 34 del 29 de abril de 2017]