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Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza · Titulo TERCERO — DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO · Capitulo PRIMERO — DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 22 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza

Ordenamiento: Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza · Ámbito: Coahuila
Última reforma: —

Vigencia verificada: 18 de noviembre de 2026, contra la fuente oficial — ver la publicación oficial

Artículo 22. La Administración Pública Estatal o Municipal, en sus relaciones con los particulares, tendrá las siguientes

obligaciones:

I. Solicitar la comparecencia de éstos, sólo cuando lo exija la propia ley, previa citación en la que se hará constar

expresamente el lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla;

II. Requerir informes, documentos y otros datos durante la realización de visitas de verificación, sólo en aquellos casos

previstos en ésta u otras leyes;

III. Hacer del conocimiento de éstos, en cualquier momento, del estado de la tramitación de los procedimientos en los que

tengan interés jurídico, y proporcionar copia de los documentos contenidos en ellos;

IV. Hacer constar en las copias de los documentos que se presenten junto con los originales, la presentación de los mismos,

mediante acuse de recibo;

V. Admitir las pruebas permitidas por la ley y recibir alegatos, los que deberán ser tomados en cuenta por el órgano

competente al dictar resolución;

VI. Abstenerse de requerir documentos o solicitar información que no sean exigidos por las normas aplicables al

procedimiento, o que ya se encuentren en el expediente que se está tramitando;

VII. Proporcionar información y orientar acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones legales vigentes

impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar;

VIII. Permitir el acceso a sus registros y archivos en los términos previstos en ésta u otras leyes, protegiendo siempre y en

todo momento el derecho a la intimidad;

IX. Tratar con respeto a los particulares y facilitarles el ejercicio de sus derechos así como el cumplimiento de sus

obligaciones, y

X. Dictar resolución expresa sobre cuantas peticiones le formulen; así como en los procedimientos iniciados de oficio, cuya

instrucción y resolución afecte a terceros, debiendo dictarla dentro del plazo fijado por la ley.

Fuente oficial: consultar publicación

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