Artículo 179

Artículo 179.- La Firma Electrónica son los datos en forma electrónica consignados en un

mensaje, lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, que son utilizados para

identificar técnica y legalmente la identidad del Firmante en Internet, toda vez que está

vinculada únicamente a los datos que le identifican como tal por lo que produce los mismos

efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo admisible como prueba en juicio.

Las Diputadas y los Diputados contarán con una Firma Electrónica, que tiene por objeto agilizar

la gestión del proceso legislativo, y que podrá ser utilizada para el envío y remisión de

oficios, firma de acuerdos, decretos, dictámenes y cualquier otro documento propio del proceso

legislativo y los actos administrativos que de éste deriven.

Las Diputadas y los Diputados, así como las personas servidoras públicas en funciones del Poder

Legislativo, podrán hacer uso de manera preferente de la Firma Electrónica en todo aquello que

sus atribuciones les permitan.

Todo documento que cuente con Certificado Digital de Firma Electrónica tendrá la misma validez

legal y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, sin perjuicio de

aquellos actos de autoridad para los que, cualquier ordenamiento jurídico, de manera expresa,

exija la firma autógrafa de la persona titular.

Las Diputadas, Diputados y personas servidoras públicas en funciones del Poder Legislativo

podrán solicitar la revocación de su Firma Electrónica, cuando se considere que el uso de la

información de su clave privada, o el dispositivo que la contiene, esté comprometida o en

riesgo o en los siguientes supuestos:

I. En caso de que el Titular de la Firma Electrónica deje el cargo;

II. Cuando así lo soliciten las Diputadas, los Diputados y personas servidoras públicas a la

Autoridad Certificadora;

III. Cuando el Firmante se encuentre sujeto a un procedimiento jurisdiccional que le impida el

ejercicio de sus funciones y que se encuentre pendiente de resolver; y

IV. En caso de fallecimiento del Firmante.

El tratamiento de los datos personales recabados y generados con motivo del registro y

certificación de la Firma Electrónica, estará a cargo de la Autoridad Certificadora, de

conformidad con lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados de Estado de México y Municipios, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de México y Municipios y demás normatividad aplicable.