Artículo 27

La Procuraduría, previa audiencia del patrocinado, podrá retirarle o sustituirle el patrocinio cuando:

I. Manifieste, clara y expresamente, que no tiene interés en que se le continúe prestando el servicio;

II. Manifieste que cuenta con abogado particular;

III. Incurra dolosamente en falsedad de los datos proporcionados;

IV. Cometa actos de violencia, amenazas, injurias o denostaciones en contra del personal de la Procuraduría, y

V. El trabajador haya denunciado penal o administrativamente a los Procuradores Auxiliares o al Procurador Estatal.

En tal caso, el Procurador Auxiliar que conozca del asunto deberá rendir un informe pormenorizado al Procurador Estatal, en el que se acredite la causa que justifique el retiro del servicio, mismo que se notificará al interesado y se le dará un término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente día en que se efectúe la notificación, para que por escrito aporte los elementos que pudieren, a su juicio, desvirtuar el informe.

Una vez que el interesado hubiese aportado pruebas y que las que requieran de diligencia especial se hayan desahogado, el expediente se remitirá al titular de la Procuraduría quien determinará la procedencia o improcedencia del retiro del servicio, calificando para tal efecto la causa que se hizo valer y los medios de prueba que se ofrecieron.

En las hipótesis establecidas en las fracciones IV y V, de resultar procedentes, se le asignará al interesado un Procurador Auxiliar en contra del cual no hubiese realizado dichos actos. Para el caso de que el interesado hubiese cometido dichos actos en contra de todo el personal de la Procuraduría, incluyendo al Procurador Estatal, se le dará cuenta de dicha situación al Secretario, quien determinará la procedencia o improcedencia del retiro del servicio del patrocinio al interesado.

En caso de que el Secretario determine que la Procuraduría Estatal deje de prestar el servicio de patrocinio, se concederá al interesado un término de quince días hábiles o el previo a que plecluya el derecho del trabajador, para que, bajo su más estricta responsabilidad, nombre un apoderado legal.